El Tribunal Oral Federal 2, a cargo de la causa «Vialidad», ha recibido un aluvión de 702 correos electrónicos con solicitudes para visitar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su prisión domiciliaria. Este hecho desató una nueva controversia judicial, ya que los pedidos fueron impulsados por la publicación del correo institucional del tribunal en redes sociales por uno de los abogados de la ex mandataria, Gregorio Dalbón, pese a que la modalidad de las visitas ya había sido definida por la justicia.
La situación se generó luego de que Dalbón publicara en su cuenta de «X» un mensaje invitando a los simpatizantes a escribir al tribunal para solicitar autorización, argumentando que la ex presidenta era tratada «como si fuera una reclusa peligrosa». Este accionar, interpretado por off the record desde tribunales como un intento de entorpecer el funcionamiento del organismo, reavivó el debate sobre los límites y las condiciones de la prisión domiciliaria impuestas por razones de seguridad en casos de alto perfil.
Los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, del Tribunal Oral Federal 2, ya habían rechazado previamente un planteo de la defensa que buscaba que Cristina Kirchner tuviera visitas sin necesidad de autorización previa, remarcando que es la propia ex mandataria quien debe solicitar al tribunal la aprobación de cada visita, proporcionando los datos de la persona. Esta postura se mantiene firme, y los 702 correos recibidos no serán contestados directamente por el tribunal, que derivó los mails a los abogados de la ex mandataria.
El informe actuarial del tribunal detalla que, desde el lunes a las 18:00 horas hasta la confección del documento a las 15:30 horas del día siguiente, se recibieron las numerosas solicitudes, todas ellas requiriendo «expresa autorización para concurrir e ingresar a la vivienda donde Cristina Elisabet Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria». Ante esta situación, los jueces pusieron a disposición de los abogados de la ex presidenta, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, los correos electrónicos de las personas que manifestaron su interés en visitarla.
La discusión sobre las visitas se remonta al momento en que el tribunal concedió la prisión domiciliaria a Fernández de Kirchner en su departamento de la calle San José. En aquel entonces, se impusieron una serie de condiciones, incluyendo la obligación de presentar un listado de familiares, custodios, médicos y abogados que podían ingresar sin autorización, mientras que cualquier otra persona requería permiso judicial a pedido de la ex mandataria. Este listado ya fue presentado en un pendrive y se pidió que fuera reservado por razones de privacidad.
La defensa de la ex presidenta ha objetado repetidamente estas restricciones, argumentando que «quienes cumplen su pena en un domicilio particular pueden desarrollar todas las actividades que no se encuentran prohibidas por la ley» y que la normativa vigente no faculta a los jueces a imponer reglas de conducta adicionales. Aunque la reconsideración fue rechazada, el tribunal aceptó la apelación. Ahora, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, será la encargada de resolver definitivamente el régimen de visitas, lo que podría sentar un precedente importante para futuros casos de prisión domiciliaria.
