El ministro de Economía, Luis Caputo, salió este viernes a justificar y defender enfáticamente las nuevas restricciones impuestas por el Banco Central (BCRA) al mercado cambiario, que prohíben operar en los dólares financieros (MEP y Contado con Liquidación o CCL) a quienes accedan al mercado oficial. En un mensaje dirigido a los ciudadanos y al mercado, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que la medida busca «cortar un kiosco de unos pocos» y afirmó que, en última instancia, favorece a la mayoría de los argentinos al proteger las escasas reservas.
La nueva normativa cambiaria reinstauró el denominado «cepo cruzado», una restricción que apunta directamente a las personas físicas y jurídicas que intentaban realizar el conocido «rulo» financiero: comprar dólares al tipo de cambio oficial, subsidiado, y venderlos inmediatamente en los mercados paralelos (MEP o CCL) a un precio superior, obteniendo una ganancia rápida a expensas de las reservas del BCRA.
El argumento central del Ministro se enfoca en la ética económica de la medida. Según Caputo, la operatoria que se busca bloquear generaba un drenaje de divisas en un contexto de escasez y era aprovechada por un grupo reducido de actores. «Esta medida se tomó para impedir que se abuse de una ventanilla oficial, que está diseñada para transacciones legítimas de comercio exterior y ahorro menor, y no para el arbitraje especulativo», indicaron fuentes del equipo económico, respaldando la postura de que se trata de una medida de «saneamiento».
El BCRA, a través de la Comunicación «A» 9792 (una posible referencia para la fecha), formalizó esta restricción, estableciendo un período de 90 días en el que las personas que operen en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) quedan inhabilitadas para comprar y vender bonos que se utilizan para las operatorias MEP y CCL. Esta decisión, si bien no es un cepo integral, complejiza la operatoria y reduce el incentivo especulativo en un momento de alta sensibilidad cambiaria.
Expertos financieros, si bien entienden la lógica de protección de reservas detrás de la medida, advierten sobre sus posibles efectos colaterales. El principal riesgo es que la mayor presión de la demanda se traslade directamente al dólar informal o «blue», o que el mercado de bonos (vital para las operatorias financieras) experimente una merma en su liquidez. «Las restricciones nunca son la solución de fondo, pero en una situación de reservas críticas, el Gobierno prioriza taponar fugas antes que liberalizar», explicó un economista de la City.
En su defensa, Caputo proyecta que, al proteger las reservas y evitar el desvío de dólares a la especulación, la política contribuye indirectamente a la estabilidad macroeconómica. El mensaje del Gobierno es claro: se está dispuesto a recurrir a instrumentos de control para mantener el anclaje cambiario y fiscal, mientras se espera que los flujos genuinos de divisas (como el reciente boom de liquidación agropecuaria) sigan fortaleciendo el balance del Banco Central.