En el marco de la causa judicial conocida como «Sueños Compartidos», que investiga el presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales, Sergio Massa brindó un testimonio clave ante la justicia. El exintendente de Tigre y exministro de Economía afirmó de manera categórica que la administración municipal debió hacerse cargo de la finalización de diversas obras que habían sido abandonadas por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Esta declaración refuerza la hipótesis de irregularidades en la ejecución de los contratos y pone de manifiesto el perjuicio económico sufrido por las arcas locales ante el incumplimiento de la entidad constructora.
El testimonio de Massa se centra en los proyectos habitacionales que fueron adjudicados a la fundación durante su gestión al frente del municipio. Según el exfuncionario, el esquema de financiamiento nacional no se tradujo en la conclusión de las viviendas, lo que obligó a la comuna a intervenir para evitar que las estructuras quedaran en estado de ruina y para dar respuesta a la demanda habitacional de los vecinos. Este procedimiento de «auxilio financiero» por parte del municipio es un dato duro que complica la situación procesal de los responsables de la gestión de los fondos en la mencionada fundación.
Desde una perspectiva jurídica, la declaración de Massa aporta contexto sobre la operatoria administrativa de la época y los mecanismos de control que fallaron a nivel federal. Los peritos contables de la causa analizan ahora si los fondos remitidos desde el Gobierno Nacional a la Fundación Madres de Plaza de Mayo fueron desviados hacia otros fines, dejando a los municipios con la carga de finalizar los trabajos con recursos propios. Expertos en derecho administrativo señalan que este tipo de testimonios son vitales para determinar la cadena de responsabilidades y el grado de conocimiento de los funcionarios de aquel entonces sobre las falencias del programa.
El impacto político de estas afirmaciones también es significativo, ya que vuelve a poner en el debate público la transparencia en la gestión de programas sociales vinculados a organizaciones de derechos humanos. La causa «Sueños Compartidos» ha sido durante años un emblema de las investigaciones por corrupción, y la confirmación de que un municipio debió suplantar el rol de la contratista oficial aporta una prueba documental difícil de soslayar. El testimonio subraya una desconexión entre el flujo de dinero estatal y la realidad física de las obras en el territorio.
Asimismo, se informó que el municipio de Tigre presentó en su momento los reclamos correspondientes por el incumplimiento de los plazos y la calidad de los materiales. La estrategia de la defensa de los acusados ha intentado históricamente minimizar estas fallas, pero el relato de los intendentes que vivieron el proceso en primera persona ofrece una visión pragmática del fracaso del programa. Las auditorías posteriores confirmaron que, en muchos casos, las viviendas debieron ser prácticamente reconstruidas o saneadas debido a vicios de construcción estructurales que ponían en riesgo a los adjudicatarios.
La resolución de este tramo de la causa dependerá de la valoración que el tribunal haga de estos testimonios en conjunto con las pruebas documentales de las transferencias bancarias. El cierre de esta etapa procesal proyecta un escenario donde la justicia deberá dictaminar no solo sobre la malversación de fondos, sino también sobre la responsabilidad civil y penal de quienes permitieron que el sueño de la vivienda propia se convirtiera en un perjuicio para el Estado. La declaración de Massa, por su peso institucional, se posiciona como un pilar fundamental para el cierre de esta compleja investigación judicial.
