Una jornada de máxima tensión se vivió en las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde efectivos de las fuerzas de seguridad procedieron a la detención de un grupo de activistas ambientales que se manifestaban contra las modificaciones propuestas a la Ley de Glaciares. La protesta, que comenzó de manera pacífica, escaló cuando los manifestantes intentaron superar el vallado de seguridad para entregar un petitorio a los legisladores. Según fuentes policiales, las detenciones se produjeron por resistencia a la autoridad y obstrucción de la vía pública, mientras que las organizaciones sociales denuncian un uso desproporcionado de la fuerza frente a un reclamo legítimo por el patrimonio natural del país.
El eje del conflicto radica en el proyecto de reforma que busca flexibilizar las áreas de protección periglacial, permitiendo actividades económicas, especialmente mineras, en zonas que hasta ahora estaban estrictamente resguardadas. De acuerdo con informes de científicos del CONICET y expertos en glaciología, cualquier alteración en la normativa vigente podría poner en riesgo las reservas hídricas estratégicas de la cordillera de los Andes. Para el Gobierno y los sectores impulsores de la reforma, los cambios son necesarios para destrabar inversiones multimillonarias que se encuentran paralizadas debido a una interpretación «excesivamente restrictiva» de la ley actual.
Desde el punto de vista social, la detención de los ambientalistas ha generado un amplio repudio en sectores de la oposición y en ONGs internacionales, quienes alertan sobre la criminalización de la protesta ambiental. Los antecedentes de este debate se remontan a más de una década, cuando la ley original fue sancionada tras un intenso proceso legislativo que enfrentó a las provincias mineras con los movimientos ecologistas de todo el país. Hoy, la discusión se reaviva bajo un contexto de crisis económica donde el ingreso de divisas por exportaciones mineras es visto por el Ejecutivo como una prioridad impostergable.
La seguridad en el perímetro del Congreso ha sido reforzada ante la posibilidad de nuevas movilizaciones en los próximos días, mientras se espera que los detenidos sean indagados por la justicia porteña. Análisis de consultoras de riesgo político sugieren que el tratamiento de esta ley será una prueba de fuego para la capacidad del oficialismo de construir consensos en temas de alta sensibilidad social y ambiental. Las provincias cuyanas y del NOA observan con especial interés, ya que sus economías regionales dependen en gran medida del manejo del agua, pero también del desarrollo de la industria minera a gran escala.
En el ámbito legislativo, la controversia ha provocado fracturas incluso dentro de los bloques aliados al Gobierno, con legisladores que exigen mayores garantías de control ambiental antes de votar la reforma. Organizaciones como Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) han advertido que acudirán a instancias internacionales si se vulnera el principio de no regresividad ambiental, el cual impide que se reduzcan niveles de protección ya alcanzados. Los datos duros sobre el retroceso de los glaciares debido al cambio climático son la principal bandera de quienes se oponen a cualquier modificación que facilite la actividad industrial en la alta montaña.
El impacto futuro de este episodio trasciende lo inmediato: el tratamiento de la Ley de Glaciares se ha convertido en un símbolo de la disputa entre el desarrollo económico extractivo y la preservación ecológica de largo plazo. Si el Gobierno logra avanzar con los cambios tras el episodio represivo, podría enfrentar una fuerte litigiosidad en el Poder Judicial, similar a la que ya ha frenado proyectos mineros en otras provincias. El cierre de esta jornada deja un clima de polarización extrema en la puerta del Congreso, donde el debate técnico de las comisiones parece haber sido desplazado, por el momento, por el conflicto en las calles.
