La reciente decisión del gobierno de desregular el servicio de correo postal ha generado un intenso debate en distintos sectores de la sociedad. Esta medida, anunciada oficialmente la semana pasada, elimina ciertas regulaciones que anteriormente aseguraban un servicio postal universal a tarifas controladas y con alcance nacional. La desregulación ha suscitado preocupaciones sobre una posible privatización encubierta del servicio y el impacto que esto podría tener en los trabajadores y en la accesibilidad del servicio para la población.
Según fuentes del sector, la desregulación permitirá la entrada de operadores privados en condiciones menos restrictivas, lo que genera temores de una competencia desigual que podría terminar debilitando la empresa de correo nacional. A diferencia de la entidad estatal, las empresas privadas no estarían obligadas a brindar servicios en todas las áreas del país, lo que podría dejar a zonas rurales y regiones menos rentables sin cobertura adecuada. «Estamos frente a una amenaza de fragmentación territorial del servicio postal, donde quienes se ven más afectados son las poblaciones rurales y de bajos recursos», advirtió el secretario general del gremio postal.
Las críticas también apuntan al impacto en las condiciones laborales. La medida no establece lineamientos específicos sobre la protección del personal en este nuevo escenario competitivo, lo cual, según los gremios, deja a miles de trabajadores en una situación de incertidumbre. «Esta decisión abre la puerta a una precarización del empleo en el sector postal, que históricamente ha sido un ámbito de trabajo seguro y digno para miles de familias en todo el país», declaró un representante sindical. La falta de garantías laborales también podría derivar en un deterioro de los derechos de los trabajadores actuales, que se verán obligados a competir con empresas privadas que, en muchos casos, ofrecen menores condiciones salariales y laborales.
A su vez, el argumento oficial sostiene que la medida busca modernizar y optimizar el servicio postal, adaptándolo a las nuevas demandas del comercio electrónico y a las necesidades de una logística más ágil. Desde el gobierno, afirman que esta apertura del mercado traerá inversiones y contribuirá a mejorar la eficiencia, algo que consideran clave en una economía digitalizada. No obstante, expertos advierten que el modelo de desregulación utilizado en otros países no siempre resultó en un servicio más eficiente, y en muchos casos, llevó al encarecimiento de las tarifas y la reducción de la cobertura en zonas no rentables.