La madrugada de este domingo, un operativo policial en el barrio porteño de Constitución derivó en el desalojo de un acampe de militantes que permanecían frente al departamento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La acción, que se desarrolló sin incidentes ni represión, fue ejecutada por la Policía de la Ciudad con el objetivo de restaurar el libre tránsito y el uso del espacio público en la zona, una medida que busca sentar un precedente en la gestión de protestas y ocupaciones urbanas.
El procedimiento se inició a las 2 de la mañana y contó con la participación de 160 agentes de la fuerza de seguridad porteña. La planificación del desalojo, según fuentes policiales, priorizó la sorpresa para evitar cualquier tipo de confrontación. En el lugar, los efectivos procedieron a desmantelar carpas, retirar banderas y otras estructuras instaladas por los manifestantes, quienes se habían congregado en apoyo a la exmandataria tras su condena en el caso Vialidad.
Para las 3 de la mañana, la calle se encontraba completamente despejada y el tránsito vehicular fue restablecido, normalizando la circulación en una arteria clave del barrio de Constitución. «No hubo represión. La zona fue liberada y se retiraron», afirmaron fuentes policiales a medios locales, buscando desestimar cualquier versión de altercados o uso desmedido de la fuerza durante la intervención.
El acampe frente al domicilio de la expresidenta se había instalado luego de que la Justicia analizara un pedido de prisión domiciliaria para Cristina Fernández de Kirchner, solicitud presentada por su abogado, Carlos Beraldi. Este pedido se fundamentó en cuestiones de seguridad y en su condición de exfuncionaria, sugiriendo su residencia en Constitución como lugar de detención. La situación legal de la exmandataria ha sido un punto focal de la política argentina reciente, generando movilizaciones tanto de apoyo como de rechazo.
Paralelamente a este desalojo, el Poder Judicial continúa evaluando posibles alternativas para el cumplimiento de las penas de los condenados en la causa Vialidad, incluyendo otras locaciones de detención dentro de instalaciones de fuerzas de seguridad. La medida de hoy podría interpretarse como una señal de firmeza por parte de las autoridades ante las ocupaciones de espacios públicos, independientemente de los motivos que las convoquen, en un contexto de creciente debate sobre el orden y la legalidad en las manifestaciones.
La rápida y sin contratiempos resolución de esta situación subraya la capacidad operativa de la Policía de la Ciudad en la gestión del orden público. Este tipo de intervenciones, que buscan equilibrar el derecho a la protesta con el de la libre circulación y el uso del espacio común, podrían replicarse en el futuro ante escenarios similares, marcando una posible dirección en la política de seguridad urbana de la capital argentina.
