El Gobierno Nacional ha definido su hoja de ruta legislativa para el cierre del año, anunciando que el nuevo paquete de reformas estructurales, que incluye la denominada «Ley Bases 2» y los proyectos surgidos del Consejo de Mayo, será enviado al Congreso de la Nación en diciembre próximo. El anuncio, realizado por el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, confirma la intención del Ejecutivo de profundizar el camino de la desregulación y los cambios de fondo, aprovechando la nueva configuración parlamentaria surgida de las últimas elecciones.
Esta estrategia legislativa apunta a reintroducir, y avanzar con mayor ambición, en los temas que quedaron excluidos o fueron modificados en la primera Ley Bases y en el megadecreto de Necesidad y Urgencia. La nueva iniciativa buscará abordar pilares de la economía y la administración que requieren reformas de fondo, como la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma tributaria y un nuevo paquete de desregulaciones sectoriales. El gobierno ha puesto el acento en la necesidad de «eliminar privilegios y barreras de acceso» que, a su juicio, han configurado un «poder corporativo» durante décadas.
El Consejo de Mayo, creado a partir del acuerdo firmado con 17 gobernadores, se ha consolidado como el espacio de diálogo político que nutre esta agenda de reformas. Si bien las deliberaciones se manejan con confidencialidad, se sabe que los proyectos a enviarse en diciembre recogerán los 10 puntos clave del Pacto de Mayo, haciendo especial hincapié en la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable y la apertura al comercio internacional. Estos lineamientos buscan generar el consenso político necesario para la aprobación de las medidas.
Uno de los puntos más sensibles será la reforma laboral, ya que el Gobierno insiste en avanzar con modificaciones que permitan lo que denomina «salarios dinámicos», con incrementos atados a la productividad y no a la inflación, además de la modificación en los convenios colectivos. Este punto ha generado el rechazo explícito de la CGT, cuyo representante en el Consejo de Mayo ya se ha manifestado en contra, a pesar de que la central obrera mantiene su participación en el espacio de diálogo.
Según el análisis de expertos en derecho constitucional y politólogos, la decisión de esperar hasta diciembre se fundamenta en la expectativa de un Congreso más funcional para el Ejecutivo. La Ley Bases original fue aprobada tras un complejo proceso de negociación y desgaste, por lo que el Gobierno buscaría que la nueva composición de las Cámaras, tras la reciente elección, le brinde el respaldo político para evitar demoras y la dilución de los proyectos en el debate de comisiones.
El envío de esta «Ley Bases 2» y la materialización de los acuerdos del Consejo de Mayo se presentan como el desafío legislativo más importante de la segunda etapa de gestión. El éxito o fracaso de este nuevo paquete definirá la profundidad y el ritmo de la transformación económica que busca el Gobierno, y marcará el pulso de la relación entre el Poder Ejecutivo y un Poder Legislativo que deberá procesar reformas de altísimo impacto social y económico en un contexto de tensa estabilidad.
