El espeluznante triple crimen que conmocionó a la localidad bonaerense de Florencio Varela dio un vuelco trascendental con la declaración de Celeste González Guerrero, dueña de la vivienda donde se presume ocurrieron los hechos. La imputada, en calidad de «arrepentida», rompió el pacto de silencio y ofreció un testimonio detallado que no solo confirmaría el móvil narco detrás de la masacre de las tres jóvenes, sino que también expuso una red de venta de drogas y la escalofriante secuencia de tortura y muerte, que incluyó la filmación de los asesinatos para los cabecillas de la organización.
La confesión de González Guerrero es central para la investigación liderada por el fiscal Adrián Arribas, pues desentrañó la estructura jerárquica de la banda criminal. Según su relato, el suceso fue una “venganza” por el robo de una importante cantidad de cocaína. En su declaración, la mujer puso a Víctor Sotacuro Lázaro —detenido inicialmente como un simple remisero— en una posición de mayor relevancia que la del sindicado como «Pequeño J», revelando que este último era, en la jerga de la banda, un «Tío» que manejaba cargamentos menores.
Uno de los detalles más aberrantes proporcionados por la arrepentida es la revelación de que los asesinos, actuando bajo órdenes, habrían filmado la ejecución de al menos una de las víctimas, transmitiendo la imagen en vivo a los líderes de la red, apodados «Papá» y «Lima». La confesión sugiere que la muerte fue utilizada como un mensaje disciplinador dentro del narcomenudeo, un ajuste de cuentas que se cobró la vida de las jóvenes en un acto de extrema perversidad, que los investigadores no dudaron en calificar como «atrocidad» y «maldad que excede lo natural».
González Guerrero, quien inicialmente se había negado a declarar, se acogió a la figura de “arrepentida” alegando estar amenazada por uno de los coimputados, Miguel Villanueva. Su testimonio desmintió la versión inicial de los hechos e incluso modificó el orden en que habrían sido ejecutadas las víctimas: Brenda, Morena y finalmente Lara, esta última, de solo 15 años. El brutal accionar, que incluyó el uso de destornilladores y otros objetos, según los trascendidos, pone en evidencia la crudeza del mundo criminal que permeó la vida de las víctimas.
El impacto de la declaración se extendió a la logística del crimen. La dueña de casa admitió haber regresado al domicilio cuando la matanza ya se había consumado, encontrando la escena limpia, pero siendo testigo de cómo se pusieron de acuerdo para deshacerse de la camioneta utilizada y quemar elementos de la casa manchados de sangre. Esta complicidad y conocimiento de la red de drogas llevó al fiscal a solicitar la prórroga de la prisión preventiva para ella y otros cuatro detenidos, mientras la justicia amplía la búsqueda de nuevos prófugos.
El caso, que ya cuenta con nueve personas detenidas y tres prófugos con pedido de extradición por narcotráfico, se ha reconfigurado por completo. La confesión de Celeste González Guerrero no solo brindó detalles horripilantes sobre el modus operandi de los homicidas, sino que también consolidó la hipótesis del ajuste de cuentas narco, elevando la magnitud del caso de un femicidio aislado a un brutal crimen organizado, en el que la vida humana fue degradada a una simple «mercancía» de negociación criminal.
