La campaña de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires se encuentra sumergida en una crisis de magnitud luego de que el diputado nacional José Luis Espert, principal candidato en el distrito, confirmara haber recibido una transferencia de 200.000 dólares proveniente de una cuenta vinculada a Fred Machado, empresario detenido y solicitado en extradición por narcotráfico y lavado de dinero. El reconocimiento de Espert, forzado por la publicación de extractos bancarios, ha intensificado las presiones internas en Casa Rosada para que decline su postulación, aunque el presidente Javier Milei ha ratificado públicamente su apoyo, calificando la investigación como una «inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo».
El escándalo, que se arrastra desde días atrás, escaló a un punto de inflexión con la pobre defensa inicial de Espert en medios y la posterior difusión de un video donde, contrariando sus primeras negaciones, admitió el depósito. Según su versión, el dinero fue un adelanto por una consultoría privada para una minera en la región, un negocio que nunca se concretó y que se habría transferido a una cuenta personal declarada en Estados Unidos. Sin embargo, fuentes judiciales de Estados Unidos y Argentina mantienen el foco en la conexión con Machado, acusado de integrar una red de tráfico de cocaína y lavado de activos a través de operaciones aeronáuticas.
La situación ha generado una fisura notoria dentro del propio oficialismo. Si bien el presidente Milei insiste en desestimar las denuncias, sectores de la coalición y hasta referentes como la exministra Patricia Bullrich han deslizado la necesidad de explicaciones claras o, incluso, la renuncia. El argumento central de los críticos es el daño reputacional que el «narcoescándalo» inflige a la marca de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas de medio término, sobre todo en el principal distrito electoral del país.
Expertos en comunicación de crisis y análisis político señalan que la respuesta del Gobierno ha sido tardía e ineficaz. La gestión de la información, con la negación inicial seguida de una admisión forzada por la evidencia, ha alimentado la desconfianza pública. Este episodio se suma a una serie de reveses en la comunicación oficial, deteriorando la imagen de transparencia que el Ejecutivo busca proyectar. La firmeza del presidente en sostener a Espert se interpreta como una señal de lealtad a un aliado clave, pero también como un riesgo político significativo.
El trasfondo de esta controversia es la delicada situación económica del país. La crisis cambiaria que atraviesa el programa económico de Milei, con la necesidad de auxilio financiero internacional —como el swap confirmado por el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent—, se ve ahora retroalimentada por esta inestabilidad política. La vinculación de un candidato de peso con un empresario narco en proceso de extradición internacional tensiona los esfuerzos por mostrar rigor y probidad ante los organismos y mercados globales.
Mientras Espert se aferra a su candidatura con el apoyo presidencial, el desenlace del caso se convierte en una variable determinante para el mapa electoral bonaerense. La Justicia avanza con la denuncia presentada por dirigentes opositores para determinar la licitud de los fondos, y la opinión pública observa el accionar del Gobierno. La crisis no solo pone a prueba la coherencia del discurso oficial contra la corrupción, sino que también fuerza a La Libertad Avanza a enfrentar un alto costo político en un momento crucial de la campaña.
