La investigación que busca esclarecer las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) experimentó un avance significativo este jueves con la realización de quince nuevos allanamientos simultáneos en domicilios y oficinas particulares de exfuncionarios y empresarios vinculados al organismo. Los operativos, ordenados por la Cámara Federal, tienen como objetivo prioritario el secuestro de dispositivos electrónicos como celulares, computadoras y tablets, considerados piezas clave para rastrear comunicaciones y documentación que corrobore la existencia de una red de fraude con la compra y distribución de equipamiento y prestaciones sociales.
La causa ANDIS investiga maniobras que habrían incluido el pago de sobreprecios en la adquisición de sillas de ruedas, prótesis y otros insumos esenciales para personas con discapacidad, así como el desvío de fondos destinados a programas de asistencia. Los quince allanamientos se suman a una serie de diligencias previas que ya habían generado un fuerte impacto político y administrativo en el organismo. La Justicia busca determinar la participación de cada uno de los implicados en la supuesta defraudación al Estado, que, según las estimaciones preliminares de la Oficina Anticorrupción, podría ascender a varios cientos de millones de pesos.
Rastreo de la Trama de Corrupción: El foco de los nuevos operativos se centró en la evidencia digital. Los fiscales a cargo de la investigación sostienen que la clave para desenmarañar la red de corrupción se encuentra en los intercambios de correos electrónicos, mensajes de texto y chats en plataformas encriptadas, que podrían revelar acuerdos espurios entre exdirectivos de la ANDIS y proveedores externos. El objetivo es establecer un patrón de connivencia y rastrear la cadena de responsabilidades en las licitaciones bajo sospecha de haber sido direccionadas.
Los allanamientos se ejecutaron en jurisdicciones claves, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y fueron supervisados por personal especializado en ciberdelitos de la Policía Federal. De acuerdo con el análisis de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI), el uso de dispositivos personales por parte de los funcionarios para gestionar temas sensibles de la agencia se ha convertido en una vía crucial de información, especialmente tras intentos de borrar registros oficiales de las computadoras de la ANDIS.
Las implicancias de este caso son profundas, trascendiendo lo económico para impactar en lo social. El presunto fraude ha afectado directamente la calidad y la celeridad en la entrega de prestaciones a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, generando un grave perjuicio humanitario. Voceros de organizaciones de la sociedad civil han manifestado su apoyo a la celeridad de la Justicia, exigiendo «castigo ejemplar a quienes se enriquecieron a costa de los derechos de las personas con discapacidad».
El material digital incautado será sometido a una pericia exhaustiva en los próximos días, buscando restaurar archivos eliminados y cruzar información financiera. El éxito de esta etapa de la investigación determinará las futuras citaciones a indagatoria y la solidez de las acusaciones por malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la función pública. Este caso no solo busca la verdad judicial, sino que se erige como un llamado de atención urgente sobre la necesidad de transparencia en los organismos sociales del Estado.
