Argentina se encuentra en un momento crítico en la prolongada batalla legal por la expropiación de YPF, enfrentando una condena de 16 mil millones de dólares y el escrutinio constante de la jueza Loretta Preska en la Corte del Distrito de Nueva York. La tensión aumenta a medida que se acerca la fecha límite para la entrega de acciones de la petrolera a Burford Capital, la firma británica que adquirió los derechos de litigio, y la posibilidad de que el país sea declarado en desacato cobra mayor relevancia. El 17 de julio se perfila como un día clave, con la nación sudamericana apelando la decisión de Preska ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, en un intento por ganar tiempo y revertir un fallo que podría tener profundas repercusiones financieras y diplomáticas.
La saga legal, que se extiende por más de una década, ha visto a la jueza Preska rechazar sistemáticamente las solicitudes de Argentina, incluyendo la reciente negativa a suspender la entrega de las acciones de YPF. Este escenario ha forzado a Argentina a intensificar su estrategia legal, recurriendo a la instancia de apelación en busca de un respiro judicial. La incertidumbre sobre el resultado de esta apelación añade una capa de complejidad al panorama, con el país sudamericano en la cuerda floja ante las implicancias de un posible incumplimiento del plazo establecido por el tribunal neoyorquino.
En el horizonte cercano se vislumbran dos reuniones presenciales entre los representantes legales y la jueza Preska. Una de estas audiencias abordará la crucial solicitud de «alter ego» presentada por Burford, la cual busca demostrar que el Estado argentino y YPF son esencialmente la misma entidad, lo que permitiría a la firma reclamar activos de la compañía. La otra reunión se centrará en detalles técnicos relacionados con la entrega de las acciones, subrayando la meticulosidad con la que el tribunal está manejando cada aspecto de este complejo caso.
La fecha límite del 17 de julio para la entrega de las acciones de YPF fue extendida por la jueza Preska, precisamente para dar margen a la respuesta de la Cámara de Apelaciones. Una decisión favorable en esta instancia podría generar un «impasse» beneficioso para Argentina, brindándole una oportunidad para renegociar o encontrar una salida más favorable. Sin embargo, si la apelación no prospera y Argentina no entrega las acciones, la jueza Preska podría declarar al país en desacato, una medida que tendría consecuencias devastadoras para su credibilidad internacional, su capacidad para atraer inversión extranjera y su acceso a los mercados financieros globales.
Ante este delicado escenario, Argentina ha desplegado una intensa campaña diplomática, liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y con el respaldo de la Procuración del Tesoro, para buscar alianzas estratégicas. El objetivo es que otros países se presenten como «amicus curiae» (amigos de la corte) ante la Corte de Apelaciones, brindando apoyo moral y legal a la postura argentina. Entre las naciones contactadas para esta iniciativa se encuentran Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, El Salvador, Italia, Francia y Alemania, lo que denota el alcance internacional de la búsqueda de respaldo.
A lo largo del proceso judicial, la jueza Preska ha mantenido una postura crítica hacia Argentina, señalando los constantes intentos del país por demorar y evadir sus obligaciones, sin importar el gobierno de turno. Pese a la determinación de Argentina de agotar todas las instancias judiciales, incluyendo una posible apelación a la Corte Suprema, las decisiones de Preska continúan ejerciendo presión sobre las finanzas y la reputación internacional del país. La resolución de este juicio no solo definirá el futuro económico de YPF, sino que también sentará un precedente crucial sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Argentina y su relación con el sistema judicial global.
