El reciente triple femicidio en Florencio Varela puso de manifiesto un patrón de violencia de género que preocupa a las autoridades y organizaciones sociales: el aumento de los asesinatos de mujeres y diversidades en el marco de la narcocriminalidad organizada. Según reportes especializados, y en consonancia con la investigación de casos resonantes, casi un 10% de los femicidios registrados en Argentina se producen en este contexto, lo que obliga a reevaluar las estrategias de seguridad y prevención que históricamente se han centrado en la violencia intrafamiliar.
Este alarmante porcentaje indica que la violencia machista se está sofisticando y entrelazando con la lógica mafiosa de los grupos criminales. Los cuerpos de las mujeres y adolescentes, a menudo en situación de alta vulnerabilidad socioeconómica, son utilizados como «mensajes» o instrumentos de disciplinamiento por las bandas narco, ya sea por deudas de drogas, por disputas territoriales o por el robo de mercancía. La extrema crueldad y el ensañamiento observados en estos crímenes, como las torturas y la exposición mediática o en redes sociales, reflejan la intención de impartir terror dentro de la propia organización o a grupos rivales.
El Observatorio de Femicidios en Argentina, a partir de sus registros de 2025, ha alertado sobre la necesidad de desagregar y analizar estos casos. La dinámica del narcotráfico genera contextos de desprotección extrema, donde las víctimas suelen ser jóvenes que buscan una salida económica en entornos marcados por la precariedad. Expertos en seguridad y género señalan que el crimen organizado ocupa el vacío dejado por el Estado en zonas vulnerables, ofreciendo una estructura paralela que subyuga a las mujeres y diversidades, agravando las tasas de feminicidio.
La intervención de la PROCUNAR (Procuraduría de Narcocriminalidad) en casos como el de Varela subraya que estos hechos han trascendido la esfera de la violencia de género tradicional, requiriendo un abordaje con perspectiva de crimen organizado. Este enfoque implica la necesidad de investigar las estructuras financieras y operativas de las bandas, y no solo la figura del autor material, para desmantelar la red de impunidad que ampara este tipo de delitos.
Las organizaciones civiles han convocado a nuevas movilizaciones, argumentando que estos femicidios no son solo cifras, sino la confirmación de la responsabilidad estatal por omisión. El mensaje de impunidad que transmiten estos crímenes atroces fomenta que la violencia contra las mujeres no solo se incremente en cantidad, sino en sevicia, dejando a la vista el fracaso en la protección de las mujeres en los territorios más golpeados por el narcotráfico.
De cara al futuro, la contención de esta problemática exige una articulación interministerial que vincule la política de seguridad contra el narcotráfico con las políticas de género. La inversión en espacios de contención social, educación y oportunidades laborales en los barrios vulnerables resulta tan crucial como la investigación criminal. La erradicación de los femicidios en contexto narco dependerá de que el Estado recupere el territorio social que hoy está en manos de la lógica mafiosa.
