El Senado de la Nación asestó un nuevo y significativo revés al Poder Ejecutivo al rechazar, con amplia mayoría, los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan. Esta acción legislativa, que contó con el apoyo de dos tercios de los votos de la Cámara Alta (58 y 59 adhesiones, respectivamente), insiste en la sanción original de ambas normas, obligando al Gobierno a su promulgación y aplicación inmediata.
La sesión del Senado puso de manifiesto, una vez más, la delicada minoría que ostenta el oficialismo en el Congreso, en un contexto de creciente tensión entre los poderes. Las leyes restablecidas son consideradas cruciales: la de financiamiento universitario propone actualizar partidas presupuestarias según la inflación acumulada y recomponer salarios docentes y no docentes, mientras que la de emergencia pediátrica busca reasignar fondos para insumos, infraestructura y un refuerzo salarial para el personal del Hospital Garrahan, declarado por la misma norma como «referencia nacional en atención pediátrica de alta complejidad».
El rechazo a los vetos ocurre en un momento de gran sensibilidad social, con recurrentes reclamos por la situación presupuestaria de las casas de altos estudios y la emergencia en el sistema de salud pediátrica. Durante el debate, senadores opositores, incluidos sectores del radicalismo y el peronismo, argumentaron que el veto presidencial ponía en riesgo la calidad educativa y la atención médica de alta complejidad para la niñez. Según el senador radical Maximiliano Abad, «Ninguna política pública tiene sentido si no le damos prioridad a la educación», mientras que los legisladores del bloque Justicialista hicieron foco en la esencialidad del Hospital Garrahan.
Desde las bancadas oficialistas, la defensa de los vetos se centró en el riesgo a la estabilidad fiscal. Senadores de La Libertad Avanza advirtieron que la insistencia en estas leyes representa un «aumento desmedido e irresponsable del gasto público», poniendo en peligro el equilibrio fiscal que el Gobierno considera la «piedra angular» de su programa económico. Uno de los representantes libertarios llegó a denunciar la «utilización política de la salud de los niños», argumentando que el Garrahan ya había recibido un aumento presupuestario considerable.
Este episodio marca la tercera ley que el Congreso ratifica en el año contra la voluntad explícita del presidente Milei, después de la ley sobre la fórmula jubilatoria y la de reparto de fondos ATN a las provincias. La Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) había estimado previamente que la recomposición salarial en el ámbito universitario implicaría un gasto adicional anualizado de aproximadamente $133 mil millones, elevando el costo fiscal total de la ley universitaria a un equivalente al 0,23% del PBI, una cifra que el Ejecutivo juzga insostenible.
Ahora, con la insistencia del Senado, el Poder Ejecutivo debe promulgar las leyes, lo que implica una derrota política y una complicación en la estrategia de ajuste del gasto. La tensión se mantiene alta, con el foco puesto en la inminente aplicación de estas normas y el desafío para el Gobierno de balancear su compromiso con el equilibrio fiscal frente a las prioridades sociales y el poder de fuego de un Congreso mayoritariamente opositor.
