Diputados opositores presentaron un proyecto para «promover la economía circular a través de la formalización de los recuperadores urbanos y la erradicación de basurales, con el fin de fomentar la gestión sostenible de los residuos, la inclusión social y laboral de los recuperadores urbanos, y la protección del medio ambiente mediante prácticas de reciclaje y reutilización eficientes».

Uno de los autores de la norma indicó que «hasta 2019 en zona metropolitana había unas 2500 personas entre carreros, grupos vinculados con el tema y trabajadores. Deberíamos estar en el doble».
La propuesta establece que «se promoverá la implementación de prácticas de economía circular en la gestión de residuos, que incluyan la reducción, reutilización, reciclaje y valorización de materiales, con el objetivo de minimizar la cantidad de desechos destinados a vertederos y basurales, al mismo tiempo que se establecerán incentivos para la inversión en tecnologías limpias y procesos de tratamiento de residuos que faciliten su transformación en recursos útiles y materias primas secundarias».
También «se promoverá la construcción y operación de infraestructuras adecuadas para el tratamiento y disposición final de residuos, como plantas de reciclaje, compostaje y rellenos sanitarios, las cuales serán diseñadas y gestionadas con criterios de sostenibilidad ambiental y social, asegurando su adecuada gestión y mantenimiento a largo plazo».
Hoy gran parte de actividad es informal y se podría aprovechar gran parte de los recursos que no tienen ningún tipo de tratamiento.