Buenos Aires, Argentina – El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, dispuso una actualización en el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad, en un intento por paliar la severa crisis que atraviesa el sector. El incremento, que alcanza hasta el 35,4%, se aplicará de forma escalonada en tres tramos consecutivos durante el último trimestre del año 2025: octubre, noviembre y diciembre. La medida, que sigue a un exiguo aumento del 0,5% en diciembre de 2024, busca garantizar la continuidad y la calidad de los servicios de atención en todo el país, incluyendo internación, transporte, apoyo educativo, y rehabilitación.
La decisión de aplicar el ajuste se formalizó tras la reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, con la participación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud. Este aumento fue posible gracias a una decisión administrativa del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que otorgó una partida presupuestaria adicional específica para cubrir los costos del último trimestre. Funcionarios del Ministerio de Salud y ANDIS destacaron que la medida es una «decisión concreta de acompañar a los prestadores» y se enmarca en una política de «normalización y previsibilidad» del sistema.
Sin embargo, el incremento otorgado está lejos de satisfacer las demandas del sector. Organizaciones como el Foro Permanente de Discapacidad habían solicitado que el gobierno acatara la Ley de Emergencia en Discapacidad, la cual exige un aumento del 70% debido a la crisis terminal que atraviesa la atención. El retraso en las actualizaciones tarifarias había provocado previamente el cierre de centros de atención y serias demoras en los pagos a profesionales e instituciones, llevando a varias agrupaciones a marchar al Congreso para exigir una respuesta inmediata.
Este ajuste de aranceles se suma a otra medida reciente del Poder Ejecutivo: acatar la orden de un juez federal de Catamarca para restablecer las 119.033 pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas. Con la actualización de tarifas, el Gobierno busca recomponer valores y, al mismo tiempo, restablecer criterios de equidad y transparencia en la asignación de fondos, beneficiando a miles de profesionales e instituciones y asegurando que los usuarios continúen recibiendo servicios esenciales sin interrupciones.
