El brutal doble femicidio que conmociona a Córdoba tiene una víctima silenciosa: el hijo de 5 años de la pareja, cuya madre fue asesinada por su padre y principal sospechoso, Pablo Lauría. Una especialista en trauma infantil emitió una advertencia estremecedora sobre el futuro del niño, afirmando que «va a necesitar terapia toda la vida«. Este pronóstico subraya la gravedad de las consecuencias psicológicas que la exposición a la violencia extrema y la pérdida traumática dejarán en el menor, forzando una intervención inmediata del Estado y la sociedad.
El Impacto Psíquico de la Violencia Extrema
El niño, que no solo perdió a su madre en un acto de violencia machista y atroz, sino que también enfrenta la detención de su padre como el presunto asesino, está expuesto a un trauma complejo y de múltiples dimensiones. Según la especialista consultada, la exposición a este tipo de eventos críticos en etapas tempranas del desarrollo puede generar profundas alteraciones en la arquitectura cerebral y la capacidad de regulación emocional. El cerebro infantil, aún en formación, internaliza el horror de manera que impacta directamente en la construcción de su identidad y en sus futuros vínculos afectivos.
El diagnóstico de la experta no es una simple advertencia, sino un llamado de atención sobre la necesidad de un abordaje terapéutico especializado y sostenido. Se estima que el niño necesitará un acompañamiento psicológico que trascienda la coyuntura, apuntando a mitigar los riesgos de desarrollar Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), problemas de ansiedad, dificultades en el manejo de la agresión y, fundamentalmente, la posibilidad de replicar patrones de violencia en su vida adulta. El objetivo primario de la terapia será restaurar su sensación de seguridad y reestructurar el significado de la pérdida.
La Responsabilidad Estatal y la Intervención de SeNAF
Ante este escenario, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) ha tomado cartas en el asunto, asumiendo la tutela legal y psicológica del niño para garantizar un entorno seguro y el acceso inmediato a profesionales especializados. Esta intervención es vital, pues no solo debe enfocarse en la reparación del daño individual, sino también en proveer un contexto familiar alternativo y estable que minimice nuevos factores de estrés y revictimización.
El caso reabre el debate sobre la Ley de Víctimas de Femicidio, que establece la asistencia integral y prioritaria para los hijos de las víctimas. La sociedad, en conjunto con las instituciones, tiene la obligación de ir más allá del apoyo económico, asegurando que el menor reciba las herramientas emocionales necesarias para procesar el luto y la traición que implica el parricidio y matricidio. El trauma del niño se convierte así en una consecuencia social directa de la violencia de género, y su recuperación es una medida del fracaso o éxito de la red de contención comunitaria.
La advertencia sobre la necesidad de terapia de por vida para el niño no es pesimismo, sino realismo clínico. Significa que las marcas del femicidio no se borran con el paso del tiempo, sino que deben ser gestionadas y reprocesadas continuamente a medida que el niño crece y enfrenta las diferentes etapas de la vida. La prioridad, hoy, es asegurar un futuro con el menor daño posible para este niño, cuya inocencia fue arrebatada por la brutalidad machista, haciendo de su cuidado y sanación un imperativo ético y social.
