Las principales fuerzas políticas con representación en el Congreso de la Nación han iniciado intensas negociaciones cruzadas para consensuar la realización de una última sesión parlamentaria de magnitud antes de que la actividad legislativa sufra una parálisis casi total. El cronograma político se encuentra condicionado por la inminencia del inicio de la Copa del Mundo de la FIFA y el posterior receso invernal, eventos que habitualmente dificultan la obtención de cuórum debido al traslado de los legisladores a sus provincias de origen o misiones oficiales. Tanto La Libertad Avanza como los bloques de la oposición dialoguista buscan apurar el tratamiento de leyes clave que quedaron pendientes en el tablero de comisiones.
La premura del oficialismo radica en la necesidad de obtener la sanción definitiva de los capítulos económicos y de desregulación administrativa que forman parte del cuarto paquete de reformas enviado por la Casa Rosada. Los armadores parlamentarios del gobierno comprenden que, si estos proyectos no se votan en el transcurso de las próximas dos semanas, el debate se dilatará irremediablemente hacia el segundo semestre, desgastando el capital político de la administración central. Por tal motivo, la Jefatura de Gabinete ha intensificado los contactos con los gobernadores para asegurar los votos de los senadores y diputados provinciales a cambio de compromisos en el flujo de obras públicas.
Por el lado de la oposición, el interés de sesionar se centra en imponer el debate sobre proyectos vinculados al financiamiento universitario y la actualización de las jubilaciones, dos temáticas donde han logrado construir mayorías circunstanciales capaces de propinarle un revés legislativo al Poder Ejecutivo. Los bloques de Unión por la Patria y de los sectores del radicalismo crítico pretenden aprovechar esta ventana temporal para forzar al oficialismo a discutir la sustentabilidad social del ajuste presupuestario. La puja por el diseño del orden del día es hoy el principal escollo en las conversaciones que se desarrollan en el despacho de la presidencia de la Cámara de Diputados.
Los analistas políticos señalan que esta ventana legislativa previa al Mundial representa el último test de gobernabilidad para la gestión libertaria en lo que va de la primera mitad del año. La fragmentación de las cámaras obliga a una ingeniería de consensos permanente, donde cada artículo debe ser defendido mediante una negociación al detalle con sectores del vecinalismo y partidos provinciales. El temor de los estrategas de la Casa Rosada es que un fracaso en la convocatoria a la sesión sea interpretado por los mercados internacionales como una señal de debilidad institucional, afectando la cotización de los bonos que venían mostrando volatilidad.
La logística del palacio legislativo ya contempla el cese de actividades de las comisiones informativas a partir de la segunda semana de junio. En la práctica, el clima mundialista y la dispersión mediática que genera la competencia deportiva reducen drásticamente el impacto de la discusión parlamentaria en la opinión pública, un escenario que tanto defensores como detractores del programa de gobierno prefieren evitar para no perder centralidad. De allí que las negociaciones de los jefes de bloque apunten a un «pacto de caballeros» que permita despachar los temas más urgentes en una jornada maratónica.
El desenlace de esta pulseada legislativa se definirá en las próximas 48 horas, cuando se formalice el pedido de sesión especial por parte de alguna de las bancadas mayoritarias. La proyección de las leyes que logren superar este filtro dictará el marco normativo con el que convivirá la economía real durante los meses de invierno. El Congreso se encamina así a un cierre de etapa acelerado, donde la urgencia técnica de las reformas estructurales se cruza de manera inevitable con las pasiones populares y los tiempos de descanso de la política institucional del país
