Un estudio exhaustivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) encendió las alarmas sobre la crisis de eficacia del sistema penal argentino, al determinar que menos del 20% de las causas penales ingresadas en los Ministerios Públicos Fiscales (MPF) de todo el país recibe una «respuesta de calidad». El informe, que actualiza el Ranking de eficacia político-criminal de los Ministerios Públicos Fiscales con datos de 2023, evidencia una profunda desconexión entre el volumen de casos y la capacidad de la Justicia para ofrecer soluciones efectivas a las víctimas y a la sociedad.
El concepto de «respuesta de calidad» que utiliza el INECIP se refiere a aquellas salidas procesales que imponen algún tipo de responsabilidad y consecuencia al imputado, asegurando alguna forma de compensación o tutela a los intereses victimizados. Estas categorías comprenden las condenas, las suspensiones de juicio a prueba y los acuerdos reparatorios. El dato central del informe es contundente: más del 80% de los casos queda sin una resolución efectiva, lo que se traduce en una alta tasa de impunidad fáctica.
El relevamiento subraya que ningún Ministerio Público Fiscal de los distritos analizados superó el 20% de eficacia, lo que sugiere un problema estructural que excede a jurisdicciones puntuales. El Ministerio Público Fiscal de la Nación registró una tasa de apenas 2,79%, mientras que la provincia de Buenos Aires, que maneja el mayor caudal de expedientes, alcanzó un 3,54%.
Según expertos del INECIP, esta deficiencia en la respuesta judicial produce un sobreregistro de casos que nunca se abordan realmente, generando una sensación de ineficacia en la ciudadanía y afectando la credibilidad en las instituciones. Además, el informe critica la falta de transparencia activa y pasiva de muchas fiscalías que «no publican información, ni respondieron las solicitudes remitidas», lo que cataloga como un «apagón informativo» y una grave violación al derecho a la información pública.
La baja eficacia no solo se debe a la sobrecarga, sino también, según el estudio, a la falta de planificación de la política de persecución penal. Esto implica que los MPF no están priorizando estratégicamente los casos de mayor impacto social o criminal, sino que reaccionan a la demanda, lo que diluye los recursos en la inmensa mayoría de expedientes de menor cuantía.
La proyección de estos hallazgos es preocupante: una justicia penal con una tasa de eficacia tan reducida fomenta la impunidad, desincentiva la denuncia y, a largo plazo, puede llevar a que los conflictos se resuelvan de formas aún más violentas o por fuera del sistema legal. El informe exige una reestructuración profunda de la gestión fiscal, una mayor transparencia estadística y la urgente implementación de políticas de persecución penal focalizadas para recuperar la capacidad de respuesta del Estado.
