El humor social respecto de la gestión nacional volvió a exhibir señales de desgaste de acuerdo con el último relevamiento del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), confeccionado mensualmente por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. El informe correspondiente al mes de mayo reflejó una nueva contracción en la valoración pública de la administración central, consolidando una tendencia a la baja que enciente alarmas en los despachos oficiales. Este indicador, considerado un termómetro clave por el arco político y los analistas de mercado, mide las expectativas de los ciudadanos sobre la eficacia y la honestidad de la conducción del Estado.
El retroceso de este mes estuvo motorizado principalmente por un deterioro en los componentes que evalúan la «capacidad para resolver problemas» y la «evaluación general del gobierno». Según los directores del estudio académico, la persistencia de la recesión en el consumo masivo y el impacto de los últimos ajustes de tarifas en los servicios públicos han comenzado a erosionar la paciencia de los sectores de ingresos medios, un electorado que resultó vital para el triunfo del oficialismo. La medición demuestra que el éxito en la contención de determinadas variables macroeconómicas no se está traduciendo de forma lineal en una mejora de la percepción cotidiana.
En el desglose geográfico, la caída de la confianza se sintió con mayor intensidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que en las provincias del interior del país —históricamente más afines al discurso desregulador— la aprobación mostró una mayor resiliencia, aunque también experimentó ligeros retrocesos. Politólogos independientes señalan que este comportamiento del ICG es habitual cuando los programas de estabilización económica se prolongan en el tiempo sin exhibir una reactivación nítida del empleo o del salario real, lo que genera un bache de expectativas entre las promesas de campaña y la realidad del bolsillo.
Desde el punto de vista político, el resultado del índice de la Universidad Di Tella activa debates internos en la estrategia de comunicación de La Libertad Avanza de cara al armado territorial. Hasta el momento, el relato oficial había logrado blindar la figura del Presidente argumentando que el esfuerzo actual es la base indispensable para el crecimiento futuro. No obstante, los datos de mayo sugieren que el argumento de la «herencia recibida» empieza a perder peso relativo frente a la demanda de soluciones concretas, obligando a los estrategas oficiales a recalibrar los ejes del discurso público.
La oposición legislativa, por su parte, utilizó los datos del informe para cuestionar la sustentabilidad social del plan de gobierno. Referentes de diferentes bloques señalaron que la pérdida de confianza es la consecuencia natural de un modelo que prioriza el equilibrio fiscal sin un esquema de contención para los sectores productivos y las pequeñas y medianas empresas. En contraste, voceros del bloque oficialista restaron dramatismo a la fluctuación estadística, argumentando que las reformas estructurales de fondo siempre atraviesan mesetas de opinión pública antes de consolidar sus beneficios definitivos.
El cierre de la medición de mayo deja al Ejecutivo ante el desafío de revertir la tendencia antes de que el desgaste afecte la gobernabilidad legislativa. La proyección para los próximos meses dependerá en gran medida de la velocidad con la que la economía real absorba la baja de la inflación y de si el Gobierno logra destrabar las inversiones extranjeras prometidas. El ICG continuará funcionando como un faro ineludible para medir si la sociedad argentina está dispuesta a sostener el rumbo de la austeridad o si el descontento obligará a la Casa Rosada a flexibilizar sus metas más rigurosas.
