El secuestro de un cargamento de aves sin respaldo legal subraya la vulnerabilidad de las fronteras internas ante el tráfico ilegal y el riesgo epidemiológico avícola.
Gendarmería Nacional ha incautado un cargamento de 1.900 «pollitos camperos» que eran trasladados en condiciones precarias y sin la documentación zoosanitaria obligatoria, según informaron fuentes de la fuerza. El hecho, ocurrido tras un control de rutina en rutas interprovinciales, pone en evidencia las fallas en la fiscalización del transporte de ganado menor y la amenaza que el contrabando interno representa para la bioseguridad del sector avícola.
El procedimiento se llevó a cabo cuando efectivos detuvieron una camioneta, constatando que en la caja del vehículo se transportaba la significativa cantidad de aves vivas sin contar con el Documento de Tránsito Animal (DTA) y los certificados de sanidad exigidos por la normativa vigente. La falta de este respaldo legal es crucial, ya que el DTA certifica el origen de los animales y que han pasado por controles veterinarios que descarten enfermedades transmisibles.
Expertos del sector agropecuario consultados por este medio indican que el transporte ilegal de animales es una vía directa para la propagación de enfermedades, como la influenza aviar (gripe aviar), que si bien no está reportada en este caso, representa un riesgo latente a nivel global. El movimiento sin control de aves vivas provenientes de criaderos no registrados o informales puede socavar los esfuerzos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) para mantener el estatus sanitario del país.
Tras la intervención, los 1.900 pollitos fueron inmediatamente secuestrados y entregados al personal de la delegación de SENASA en Resistencia, que es la autoridad competente para determinar el destino final de los animales. En estos casos, la ley contempla desde la cuarentena y el control veterinario riguroso hasta el sacrificio sanitario, dependiendo del riesgo evaluado para la cadena productiva nacional.
El modus operandi de este tipo de contrabando interno sugiere una operatoria dirigida a evadir costos de traslado, impuestos y, fundamentalmente, los controles sanitarios. La demanda de «pollitos camperos» o de crianza familiar, que suelen tener un valor superior en mercados no regulados, incentiva este tráfico ilegal, a pesar de las severas multas y las implicancias penales que pueden derivar de la violación a las leyes de sanidad animal y transporte de mercaderías.
El episodio obliga a reforzar los controles en los puntos estratégicos de las rutas y a aumentar la coordinación entre las fuerzas de seguridad y los organismos sanitarios. La protección de la industria avícola argentina, que es un importante exportador y generador de empleo, requiere una vigilancia constante para evitar que el ingreso o la circulación de animales sin certificación comprometa el estatus sanitario y, en consecuencia, el acceso a mercados internacionales, proyectando un futuro de mayores exigencias en bioseguridad.
