
La propuesta del Ejecutivo provincial para regularizar la situación no figura en la agenda legislativa y los juicios siguen multiplicándose.
El Estado provincial chaqueño enfrenta una acumulación crítica de expedientes judiciales vinculados a los salarios de magistrados. Entre sentencias firmes que ya debe pagar y procesos todavía en curso, el número asciende a al menos 50 causas, una cifra que no deja de crecer mientras el Poder Legislativo no trata el tema.
La situación combina dos capas de urgencia: por un lado, fallos judiciales que ya tienen fuerza de cosa juzgada y obligan al Estado a desembolsar fondos; por otro, amparos en trámite que, de resolverse también en contra, ampliarían aún más el pasivo. Los montos concretos por expediente no fueron detallados en la información disponible, pero el volumen de causas da cuenta de la magnitud del problema.
El trasfondo es una disputa histórica sobre la equiparación o actualización de los haberes del Poder Judicial chaqueño. Los magistrados sostienen que sus remuneraciones quedaron rezagadas respecto de parámetros constitucionales o de referencia, lo que habilitó la vía del amparo como herramienta de reclamo individual y colectivo.
El dato que cambia la lectura es político: el Ejecutivo provincial habría elaborado una propuesta para resolver la cuestión por vía legislativa, pero esa iniciativa no está en la agenda de los diputados. Eso significa que, mientras el debate parlamentario no avanza, los tribunales siguen siendo el único canal de resolución, y los fallos continúan cayendo en contra del Estado.
El escenario más probable a corto plazo es que la cantidad de expedientes siga creciendo si no hay una solución normativa. Cada sentencia firme adicional representa una obligación de pago concreta para el erario provincial. Un proyecto de ley que fije una escala salarial o un mecanismo de actualización podría cortar el flujo de nuevas demandas, pero por ahora eso es una posibilidad, no un hecho confirmado.
Con 50 expedientes acumulados y sin fecha cierta para un debate legislativo, el Estado chaqueño paga el costo de la inacción: cada día que pasa sin una ley, la deuda judicial crece y los magistrados que aún no litigaron tienen más incentivos para sumarse a la fila de demandantes.













