El plan económico en marcha no puede analizarse sin atender o estar sujeto al resultado electoral que se avecina y que lo condiciona. La estrategia es clara: lograr estabilidad fiscal como base del crecimiento. Sin embargo, persiste la duda de si ese es el verdadero primer paso hacia una economía sostenible, y sobre todo, si puede alcanzarse sin un impacto social profundo. Quien lo niegue, incurre en un reduccionismo poco serio.
La baja de la pobreza —que superaba el 50% en diciembre de 2023 y hoy ronda el 32%— es, sin dudas, un logro que reordena prioridades. En una Argentina donde durante años se romantizó la pobreza desde la distancia, sin comprender las consecuencias culturales, educativas, sanitarias o delictivas que acarrea, la reducción es un dato que no puede minimizarse. La ecuación es sencilla: baja la inflación, baja la pobreza. Y detrás de este objetivo se escondía la madre de todas las batallas, porque sin un sistema de precios previsible no existe economía posible.
Paradójicamente, aunque este gobierno no se caracterice por un discurso de sensibilidad social, la inflación golpea con más fuerza a los sectores humildes. Su descenso, por lo tanto, representa un alivio real. Este avance, guste o no, responde a decisiones políticas audaces y al esfuerzo cotidiano de millones de argentinos.
Estamos en un momento bisagra. Haciea la vuelta de las políticas justicialista, con sus prácticas de gasto desmedido, sería imperdonable. La historia electoral reciente lo confirma: en 2015 Mauricio Macri ganó por apenas dos puntos; en 2019, con un peronismo fracturado, Cristina Fernández se refugió en Alberto Fernández y el Frente de Todos se impuso por siete puntos. El resultado fue, para muchos, una de las gestiones presidencial más deficientes desde el retorno democrático.
El oficialismo actual, sin embargo, también acumula tensiones internas. Atacó al PRO, debilitó a Macri y fragmentó aliados. Peronizó su gabinete, sus listas y sus decisiones estratégicas. Sumó a periodistas y dirigentes críticos a la lista de enemigos. Y ahora enfrenta un nuevo frente: las denuncias de corrupción, que en tiempos de ajuste económico y recesión golpean más fuerte que nunca.
La Argentina merecía que la gran batalla cultural fuera contra la corrupción. Si las investigaciones son operaciones o no, es irrelevante si los hechos terminan confirmándose. Porque cuando la economía ajusta, la corrupción se convierte en la estocada final contra la confianza pública.
De allí la responsabilidad del gobierno: dar transparencia, ejemplificar, sostener la claridad institucional. Sin ello, el riesgo es claro: abrirle nuevamente la puerta al justicialismo y encaminar al país nuevamente hacia un rumbo de incertidumbre
Hoy, el desafío no es solo económico. Es cultural, político y moral. Y exige la fortaleza de no repetir los errores de siempre.
