El Gobierno nacional adoptó una drástica decisión institucional al congelar los pliegos de ascenso para convertirse en jueces de Cámara de dos magistrados de la justicia comercial. La medida, que frena la promoción de los letrados en el escalafón judicial, se produce pocas semanas después de que ambos firmaran un fallo favorable a los intereses de Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La resolución del Poder Ejecutivo reaviva la tensa disputa que la Casa Rosada mantiene con la conducción de la entidad madre del fútbol local respecto a la habilitación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el país.
Desde el punto de vista administrativo, los pliegos de los jueces en cuestión ya contaban con un avance significativo en los canales formales y requerían del aval final del Poder Ejecutivo para ser girados al Senado de la Nación. Sin embargo, la orden directa de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Justicia paralizó los expedientes por tiempo indeterminado. Fuentes de los tribunales de Retiro interpretan este movimiento como una fuerte señal política de desagrado ante las decisiones judiciales que han puesto trabas a la desregulación del fútbol profesional promovida por la administración central.
El fallo de la discordia había ratificado la validez de la asamblea de la AFA que reeligió a Tapia de forma anticipada y que suspendió las normativas del decreto presidencial que obligaba a los clubes a aceptar capitales privados si así lo decidían sus socios. Los magistrados ahora sancionados con el congelamiento de sus ascensos argumentaron en su momento cuestiones de autonomía asociativa para blindar a la conducción de la calle Viamonte. Para los asesores jurídicos del Gobierno, el dictamen adoleció de fallas técnicas graves y representó un alineamiento corporativo opuesto a la modernización económica del deporte.
La decisión oficial provocó inmediatas repercusiones en el Consejo de la Magistratura y en las distintas asociaciones de magistrados del país. Sectores de la oposición legislativa denunciaron que la retención de los pliegos constituye una «intromisión indebida» del poder político sobre la independencia judicial y un intento de disciplinar a los jueces que no fallan según las preferencias del oficialismo. Por su parte, voceros de La Libertad Avanza defendieron la facultad discrecional del Presidente de la Nación para elegir qué pliegos promueve, argumentando que se busca asegurar la idoneidad y el compromiso con el cambio estructural del país.
En paralelo, el entorno de Claudio Tapia observa este movimiento con máxima cautela, entendiendo que la presión sobre el ecosistema judicial que rodea los litigios de la AFA irá en aumento. La batalla por las Sociedades Anónimas Deportivas se ha transformado en una cruzada identitaria para ambos bandos: mientras el Gobierno lo ve como una vía indispensable para el ingreso de inversiones extranjeras genuinas, el ala tradicional del fútbol argentino lo resiste como una pérdida de soberanía social de los clubes. Este freno a los nombramientos demuestra que el Ejecutivo está dispuesto a utilizar todas las herramientas legales a su alcance para no ceder terreno.
El desenlace de esta parálisis en los nombramientos judiciales marcará el termómetro de las próximas batallas legales entre el Estado y la AFA. Se espera que en los próximos días las defensas de los magistrados afectados realicen presentaciones formales, mientras que la Corte Suprema de Justicia observa el conflicto de fondo con atención a distancia. La proyección para los próximos meses anticipa un escenario de alta litigiosidad, donde la reforma del fútbol argentino se dirimirá tanto en las asambleas deportivas como en los despachos más encumbrados del poder político y judicial de la República.
