El panorama electoral en la Provincia de Buenos Aires se ha sumido en una profunda incertidumbre jurídica y logística tras la sorpresiva baja de la candidatura de José Luis Espert por La Libertad Avanza (LLA). La decisión ha desencadenado dos batallas simultáneas de alto voltaje: la solicitud formal del oficialismo para la reimpresión total de la Boleta Única Papel (BUP) y una disputa por la interpretación de la paridad de género que definiría quién encabeza la lista nacional del distrito.
El apoderado nacional de LLA, Santiago Viola, presentó un escrito ante el Juzgado Federal con competencia electoral, a cargo de Alejo Ramos Padilla, formalizando la declinación de la postulación de Espert. En paralelo, la directiva del partido cursó un pedido para que se reimpriman la totalidad de las boletas. La urgencia radica en que un 80% del material ya se encuentra impreso con la imagen del excandidato, y su coexistencia con una nueva versión podría generar un caos logístico e impugnaciones masivas.
La dimensión económica del conflicto es considerable. Fuentes cercanas al proceso de impresión estiman que el costo de reimprimir la totalidad de las papeletas superaría los 10 millones de dólares. Desde el ala legal de LLA, la postura es categórica: la responsabilidad financiera de este gasto extraordinario debe ser asumida por el Ministerio del Interior. Esta afirmación ha generado un debate entre el Gobierno y la Justicia sobre la viabilidad de la solicitud, con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, apoyando la reimpresión si los plazos técnicos lo permiten.
El debate judicial más crucial gira en torno al reemplazo de Espert. El oficialismo busca habilitar a Diego Santilli, quien ocupaba el tercer lugar, para que ascienda al primer puesto, argumentando la aplicación del Artículo 7 del Decreto Reglamentario 171/2019. Dicha normativa establece el reemplazo por una persona del mismo género que le sigue en la lista, lo que permitiría saltear a Karen Reichardt, segunda en la nómina. No obstante, la ex titular de AYSA, Malena Galmarini, anunció una presentación judicial para impugnar esa interpretación, exigiendo que sea Reichardt quien encabece.
La postura de la Justicia Electoral es de notable pesimismo respecto a los plazos. El Juzgado de Ramos Padilla ha deslizado que el tiempo es insuficiente para una reimpresión total, citando el Artículo 63 del Código Nacional Electoral, que fija la fecha límite para impugnaciones 60 días antes de los comicios. Cualquier decisión favorable a LLA requeriría una apelación a instancias superiores, profundizando la sensación de inestabilidad y falta de planificación estratégica en la coalición gobernante.
El desenlace de esta maniobra marcará el tono de la campaña en el distrito más importante del país. Con el presidente Javier Milei y su Jefe de Gabinete manifestando públicamente su deseo de ver a Santilli encabezando, la presión política sobre el juez Ramos Padilla es máxima. El tribunal deberá equilibrar la voluntad partidaria con la estricta aplicación de la ley electoral y la inviabilidad logística, en una decisión que podría sentar un precedente sobre cómo se gestionan las crisis de candidaturas en el marco de la Boleta Única.
