Cámara Alta busca una nueva victoria legislativa contra el Ejecutivo, asegurando el quórum y elevando la tensión política sobre el equilibrio fiscal y la inversión social.
El Senado de la Nación ha dado inicio a una sesión clave que, según las proyecciones, sellaría un nuevo revés legislativo para el Gobierno Nacional al revertir los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento del Hospital Garrahan y de actualización de partidas para universidades nacionales. La oposición, tras asegurar el quórum, se muestra confiada en alcanzar la mayoría de dos tercios requerida por la Constitución para insistir en la promulgación de ambas normas, ya que la Cámara de Diputados ya había rechazado las objeciones del Ejecutivo.
La disputa se centra en dos proyectos con alto impacto social y político. La Ley de Emergencia Pediátrica, cuyo emblema es el Hospital Garrahan, propone reasignar fondos para insumos, infraestructura y recomposición salarial del personal de salud. Por su parte, la Ley de Financiamiento Universitario busca actualizar las partidas presupuestarias según la inflación acumulada y mejorar los salarios de docentes y no docentes. El presidente Javier Milei había vetado ambas iniciativas alegando un «aumento desmedido e irresponsable del gasto público» que pondría en riesgo la estabilidad fiscal.
Desde la oposición, el senador Martín Lousteau (UCR) elevó el tono del debate al contrastar el costo fiscal de las leyes vetadas con otras decisiones gubernamentales. En la previa a la sesión, Lousteau criticó que el Gobierno haya dispuesto miles de millones de dólares para adelantar la liquidación de exportaciones del sector cerealero, una cifra que, según sus cálculos, equivaldría a 156 años de salarios para los médicos del Hospital Garrahan, quienes —aseguró— perciben remuneraciones por debajo de los 1.000 dólares.
Los números previos a la votación son contundentes: las leyes habían sido aprobadas holgadamente en el Senado en agosto, con 58 votos a favor para la universitaria y 60 para la de emergencia pediátrica. De acuerdo con fuentes parlamentarias, el oficialismo de La Libertad Avanza y sus pocos aliados no tienen margen para sostener los vetos. De hecho, figuras como la senadora Silvia Sapag (UP) expresaron dudas sobre la real aplicación de las normas, incluso si se ratifican, debido a la posibilidad de «trapisondas» en la reglamentación que podría realizar el Poder Ejecutivo.
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la ley del Garrahan implicaría un gasto adicional de aproximadamente $133.433 millones anualizados, mientras que la actualización de fondos universitarios costaría cerca del 0,23% del PBI. Para el Gobierno, estas cifras representan una amenaza directa al «equilibrio fiscal alcanzado con gran sacrificio», considerado la «piedra angular» de su programa económico. No obstante, la mayoría legislativa ha priorizado el sostenimiento de la salud y la educación pública frente a la austeridad fiscal a ultranza.
Este potencial rechazo a los vetos no solo significaría una derrota política significativa para la Casa Rosada en el Congreso, sino que también profundizaría la polarización entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. La insistencia del Congreso obligará al Gobierno a promulgar las leyes, reabriendo el debate sobre el margen de maniobra del oficialismo para sostener su plan de ajuste y el destino de la inversión social en el marco de la crisis macroeconómica.
