La seguridad jurídica es la principal preocupación de los ahorristas respecto a la viabilidad del plan para el uso de dinero no declarado y a medida que pasan los días crecen los interrogantes acerca de los riesgos que pueden correr quienes adhieran al programa.
En las últimas horas quedó claro que las provincias mantendrán la facultad de investigar a los contribuyentes que decidan incorporarse al programa, lo cual se convierte en una barrera para las pretensiones del gobierno nacional, que busca apuntalar el consumo mediante la monetización de la economía.
“Las provincias podrán, por ejemplo, cobrar ingresos brutos sobre esos fondos. No hay un régimen de adhesión. Lo que puede haber es una invitación a las provincias a que tomen medidas similares”, explicó el tributarista, Sebastián Domínguez, ante una consulta de La Voz del Interior. Al mismo, tiempo aclaró que el reclamo sería solo los porcentajes correspondientes a cada una de las jurisdicciones.
El alerta fue disparado desde la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) que emitió un comunicado en el que afirmó que la provincia continuará utilizando todas las herramientas que le otorga la ley para fiscalizar con normalidad.
“Los impuestos provinciales como Ingresos Brutos, el Inmobiliario y Automotor no se ven afectados. Seguimos aplicando los mismos criterios de control”, sostuvo su titular Cristian Girard.
Por otra parte, pese a lo pretencioso del anuncio, desde el gobierno admiten que aún restan una serie de modificaciones legales para que el programa esté operativo a su máximo alcance.
La porción de normas, mayoritariamente responsabilidad de ARCA y que se vinculan a los topes de información por consumo, ya están vigentes, sin embargo aún están pendientes resoluciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), del Banco Central, y en particular la ley que enviará el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para “blindar” a los ahorristas que decidan depositar sumas por encima de los $ 50 millones.
Los pendientes fueron reconocidos por el titular de ARCA, Juan Pazo, quien admitió que existen aspectos vinculados a la seguridad jurídica que en el fututo pueden poner en riesgo a quienes confíe en el plan.
“Yo, el ministro de Economía (Luis Caputo) y el presidente (Javier Milei) somos la garantía de que no vamos a preguntar por el incremento patrimonial porque no vamos a perseguir lo mismo que estamos impulsando”, afirmó Pazo.
El funcionario apeló a un pedido de “confianza” en la palabra de la actual administración nacional de que no habrá persecución para quienes ingresen su dinero al sistema, pero reconoció que puede haber una porción de ahorristas que tengan temor por lo que pueda suceder en próximos gobiernos.
Acerca del rol de las provincias, el gobierno apuesta al descrédito que se ganarán los gobernadores que no adopten medidas en similar sentido.
Pazo recordó que quienes quieran cubrirse de eventuales reclamos del fisco nacional deberán inscribirse en el Régimen Simplificado de Ganancias que entrará en vigencia el 1° de junio. Por esa norma, el actual gobierno no pedirá explicación por el incremento patrimonial.
La ley que se enviará al Parlamento será para que próximas administraciones nacionales no puedan auditar el pasado, de allí la denominación de “blindaje”. Pero las provincias tendrán que dictar leyes similares si es que desean favorecer a sus contribuyentes.
Pazo explicó que todo el paquete regirá para el período fiscal 2025, que deberá comenzar a liquidarse en 2026, y por ende aseguró que habrá tiempo para que el Parlamento lo sancione. Además del nuevo régimen, se modificarán la Ley Penal Cambiaria y la Ley de Procedimiento Tributario. El foco está puesto en cómo se saldará un incremento de patrimonio no justificado.
“Los argentinos todavía se acuerdan que aquí había una ley de intangibilidad de los depósitos”, señaló el economista Roberto Cachanosky, poniendo en duda que estas leyes le den la confianza al ahorrista para depositar su dinero en los bancos.
Pero además de los textos de estas leyes, se espera que la UIF emita la resolución por la cual se eleven los topes desde los cuales los bancos le deben informar a esa dependencia de investigación.
Pese a que el plan fue presentado como “revolucionario”, esta norma clave de la UIF se conocería “en los próximos días” y hasta ese momento ningún ahorrista que deposite más de U$S 5.000 está exento de riesgo.
Durante una entrevista, Pazo también reconoció que estudian una modificación al régimen de Ganancias simplificado para incluir las rentas del exterior.
El plan propone que ARCA predetermine el impuesto a pagar a partir de la facturación local y los gastos deducibles y excluía a la renta del exterior. Ahora se cambiaría por un sistema mixto donde la parte de facturación en Argentina sería predeterminada, pero haciendo informativa la renta del exterior. De esta manera se conformará un régimen mixto.
El equipo económico continuó durante las últimas horas dado explicaciones de cómo es el sistema que se quiere poner en marcha, para terminar de despejar las dudas que generó la forma de presentación y comunicación.
En esta búsqueda, Pazo destacó que hoy que el programa les será muy útil a quienes formar un perfil que lo sume al sistema financiero como agente sujeto de crédito.
“Mucha gente no usa el dinero que tiene ahorrado porque ‘no le da el blanco’ y entonces a partir de ahora va a convenir tener una mejor facturación para de esta forma tener un mejor perfil y el sistema te va a premiar con acceso al crédito”, afirmó Pazo.
A modo de ejemplo, citó a un monotributista que pueda estar usando dos o más cuentas: “Ahora le va convenir unificar facturación y mejorar su historia crediticia”.
