La Justicia chaqueña ha dictaminado la liberación de Mauro Andión, ex presidente del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), quien se encontraba detenido en el marco de la investigación por supuesta malversación de fondos y administración fraudulenta. La medida, que dispone el cese de la prisión preventiva, se efectivizó tras el pago de una caución económica sustancial, marcando un nuevo capítulo en una de las causas de corrupción más resonantes de la provincia.
Andión estaba imputado por cargos graves como la Violación de los Deberes de Funcionario Público y Partícipe Necesario del Delito de Fraude en contra de la Administración Pública, en relación con el presunto desvío de sumas millonarias que, según la denuncia original, alcanzaban cifras que superaban los 120 millones de pesos. La causa se inició tras la denuncia de la ex interventora del organismo, Clelia Ávila, quien calificó los hallazgos como un caso de «mega corrupción» en el corazón de un instituto destinado a la asistencia social.
El desarrollo de la causa ha estado centrado en el análisis de una serie de irregularidades administrativas y financieras, incluyendo la supuesta canalización de vastas porciones del presupuesto a través de cooperativas y fundaciones que carecían de la debida instrumentación pública y sobre las que se detectó un «nulo control» de las obras asignadas, según detalló oportunamente la parte denunciante. Estas maniobras habrían afectado la ejecución de proyectos clave, como la construcción de viviendas para familias vulnerables.
La decisión de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia de otorgar la libertad bajo caución no implica un sobreseimiento de los cargos. En términos legales, el exfuncionario continuará sujeto al proceso judicial en libertad, manteniendo su condición de imputado a la espera del inminente juicio oral donde deberá responder por los hechos atribuidos por el Ministerio Público Fiscal.
La liberación ha generado un debate en el ámbito político y judicial sobre la eficacia de las medidas cautelares en casos de corrupción de alto impacto. Fuentes judiciales indican que, si bien la prisión preventiva es una herramienta excepcional, el otorgamiento de la libertad bajo caución busca garantizar el derecho del imputado a esperar el juicio en libertad, siempre que existan mecanismos para asegurar su sujeción al proceso y evitar el entorpecimiento de la investigación.
El futuro de la causa se juega ahora en la fase de juicio oral. La sociedad y los sectores populares que dependían de los fondos del IAFEP aguardan que el proceso culmine con una sentencia que establezca la responsabilidad penal y clarifique el destino de los miles de millones de pesos presuntamente malversados, un precedente crucial para la transparencia en la administración pública.
