El Gobierno nacional se prepara para reglamentar aspectos clave de la reforma laboral impulsada bajo la reciente Ley de Bases, con especial énfasis en las nuevas disposiciones sobre tercerización. Estas medidas permitirán a las empresas contratar trabajadores a través de intermediarios, evitando registrarlos directamente y reduciendo así el riesgo de enfrentar demandas judiciales por parte de los empleados. Este escenario plantea un significativo alivio en los costos para las compañías, pero también genera preocupación en el sector sindical, que advierte sobre posibles pérdidas de derechos laborales.
De acuerdo con fuentes del sector, en los próximos días se avanzará en la reglamentación de varios puntos de la Ley de «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», especialmente aquellos vinculados a la tercerización. Alejandra Mancino y Andrés Tellado, de KPMG Argentina, señalaron que la normativa permitirá que los trabajadores contratados por intermediarios puedan reclamar a la empresa principal la retención de los montos adeudados en concepto de salarios, indemnizaciones y otros derechos laborales. Esto implicará que las empresas usuarias de servicios tercerizados mantengan ciertas responsabilidades, aunque el vínculo formal quede en manos de la intermediaria.
Otro aspecto central que deberá ser aclarado es el mecanismo que implementará la AFIP para garantizar que los contratistas o intermediarios cumplan con sus obligaciones frente a los organismos de seguridad social. La normativa establece un plazo de 90 días para definir este sistema de retenciones, crucial para evitar fraudes y garantizar la protección social de los trabajadores contratados bajo esta modalidad.
En la práctica, la reforma redefine la relación laboral en las empresas usuarias, que ya no enfrentarán el riesgo de reclamos por parte de empleados tercerizados. Sin embargo, la incertidumbre radica en cómo se garantizará el cumplimiento efectivo de las obligaciones laborales y previsionales por parte de las empresas intermediarias, un punto que sigue generando debate entre empresarios, sindicatos y expertos en derecho laboral.
