En un movimiento que escala la tensión política y jurídica entre la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, la gestión de Axel Kicillof manifestó su apoyo explícito a Claudio «Chiqui» Tapia al avalar el traslado del domicilio social de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a la localidad de Pilar. Esta decisión, formalizada a través de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, no solo otorga un resguardo institucional a la conducción actual de la entidad rectora del fútbol, sino que también interfiere directamente en la estrategia de la Inspección General de Justicia (IGJ), que buscaba impugnar las últimas asambleas de la asociación bajo jurisdicción porteña.
La resolución administrativa de la administración provincial se fundamenta en la potestad que tienen las asociaciones civiles de fijar su sede en el territorio que consideren estratégico para su funcionamiento. Al aceptar la inscripción en suelo bonaerense, el gobierno de Kicillof ofrece a la AFA un «paraguas legal» frente a las intervenciones y cuestionamientos que emanaban desde el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Expertos en derecho administrativo sugieren que este cambio de domicilio busca neutralizar las objeciones sobre la validez de la reelección de Tapia, trasladando cualquier litigio futuro a los tribunales de la provincia.
El conflicto ha sumado un nuevo capítulo de fricción tras la designación de veedores por parte del Ministerio de Justicia de la Nación. Desde la gobernación bonaerense han cuestionado la legitimidad de estos observadores en una entidad que, técnicamente, ya opera bajo su órbita de fiscalización. Según fuentes cercanas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, la intromisión de veedores externos en una entidad con domicilio en Buenos Aires podría ser interpretada como un avasallamiento de las competencias federales y una persecución política encubierta contra la dirigencia deportiva.
Este respaldo se produce en un contexto de abierta confrontación por la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Mientras que el Ejecutivo Nacional promueve la apertura de los clubes a capitales privados, tanto Tapia como Kicillof se han posicionado como defensores del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro. El alineamiento estratégico del gobernador bonaerense con la cúpula de la AFA refuerza un bloque de resistencia que utiliza las herramientas institucionales del Estado provincial para frenar las reformas estructurales que el oficialismo nacional intenta imponer en el deporte más popular del país.
Desde el punto de vista técnico, la mudanza a Pilar implica que todos los actos administrativos, balances y procesos electorales de la AFA serán supervisados ahora por autoridades provinciales, que ya han dado el visto bueno a la continuidad de la actual gestión. Este giro jurídico obliga a la IGJ a replantear sus presentaciones judiciales, ya que su competencia territorial se ve drásticamente limitada. La disputa deja de ser una mera formalidad reglamentaria para convertirse en un escenario de batalla judicial donde se discute la autonomía de las instituciones sociales frente al poder político de turno.
A corto plazo, se espera que el Gobierno Nacional intente impugnar administrativamente este cambio de jurisdicción, lo que podría derivar en un conflicto de competencia que deba resolver la Corte Suprema de Justicia. El desenlace de esta pelea no solo determinará quién ejerce el control sobre el fútbol argentino, sino que también servirá como termómetro de la relación de fuerzas entre la Casa Rosada y el principal distrito opositor. La consolidación de la AFA en territorio bonaerense marca un hito en la política deportiva argentina, dejando un precedente sobre la capacidad de los gobiernos provinciales para blindar instituciones de carácter nacional.
