La Casa Rosada negocia con gobernadores aliados para cancelar las primarias mientras busca contener las exigencias territoriales y de cargos del PRO, bajo la amenaza latente de un armado propio de Victoria Villarruel.
El oficialismo acelera las negociaciones políticas para suspender las PASO nacionales con el objetivo de blindar el proyecto de reelección de Javier Milei, en un escenario atravesado por el temor en la Casa Rosada al impacto electoral de los "puchitos" —las fugas de votos hacia listas de exlibertarios— y las crecientes condiciones que impone Mauricio Macri para cerrar una alianza orgánica con el PRO.
En la última reunión de la mesa política oficialista, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, transmitió la convicción de contar con los votos para eliminar las primarias del calendario nacional. La estrategia, articulada junto a Eduardo "Lule" Menem, se apoya en un pacto tácito con gobernadores aliados como el tucumano Osvaldo Jaldo: no presentar postulantes libertarios competitivos que perturben sus gestiones provinciales, lo que frena las intenciones del exministro del Interior Lisandro Catalán. Sin embargo, el quórum en el Congreso continúa condicionado a las transferencias de fondos que administra el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo.
A la par de la discusión parlamentaria, la cúpula del Ejecutivo busca ordenar el frente con el PRO tras una llamada entre Karina Milei y Mauricio Macri. Ese contacto derivó en reuniones de trabajo donde Santilli y los primos Eduardo y Martín Menem recibieron al jefe del bloque de diputados amarillos, Cristian Ritondo, y a Fernando de Andreis. El PRO planteó blindar sus bastiones en provincias y municipios, lo que abre una disputa abierta en la Ciudad de Buenos Aires, donde el jefe de Gobierno Jorge Macri busca su reelección mientras la legisladora porteña Pilar Ramírez, respaldada por la secretaria general de la Presidencia, intensifica su armado local.
El dato que altera la calma del oficialismo no es solo la exigencia de Macri por desembarcar en áreas operativas del Gobierno nacional —como la Dirección General de Aduanas—, sino la dispersión electoral que preparan dirigentes con pasado libertario. En La Libertad Avanza inquieta el armado autónomo de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien tras exhibir fotos políticas en San Juan con el gobernador Marcelo Orrego y en territorio bonaerense, proyecta una lista propia con la que sus allegados estiman capturar un piso de cinco puntos. A esto se añade la estructura bonaerense Unión y Libertad, comandada por los legisladores Carlos Kikuchi y Sergio Vargas, quienes articulan con intendentes del peronismo y referentes de centro para disputar electores desencantados.
Las próximas semanas resultarán determinantes para constatar si la Casa Rosada cede espacios de poder en el gabinete nacional para sellar la confluencia electoral con el macrismo o si mantiene a los aliados en una posición subordinada. En paralelo, el oficialismo deberá definir si formaliza el trámite legislativo para anular las PASO antes de que los gobernadores endurezcan sus demandas presupuestarias y los espacios disidentes logren consolidar sus personerías distritales.
La mesa de conducción política libertaria retomará las conversaciones con el PRO para delinear el mapa de candidaturas en los distritos clave, mientras monitorea de cerca la autonomía de Villarruel y los armados peronistas no kirchneristas. Frente a una competencia que promete márgenes estrechos, evitar la fragmentación de la base que llevó al Gobierno al poder se convirtió en la prioridad central para garantizar la viabilidad del proyecto 2027.
