El Gobierno anuló la licitación para la concesión de la Hidrovía Paraguay-Paraná luego de que solo una empresa, DEME, presentara una oferta.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó que la licitación fue impulsada con la intención de ser «transparente y competitiva», pero que la falta de competidores generó sospechas y denuncias de irregularidades. Adorni acusó a DEME, la compañía belga, de haber actuado de manera ilegal, incluyendo la presentación de denuncias que tensionaron el proceso y presiones para modificar los requisitos técnicos.
A pesar de que 11 empresas se inscribieron, solo DEME presentó una propuesta formal, lo que llevó al Gobierno a suspender la licitación y ordenar una investigación para determinar si hubo manipulación del proceso, como presiones para evitar que otras empresas compitieran, y para explorar la posibilidad de una asociación ilícita en perjuicio del Estado y los productores argentinos. El Gobierno se comprometió a investigar estos hechos y buscar responsabilidades penales si se confirma que hubo intento de fraude.
La licitación estaba destinada a la modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la vía navegable troncal, una de las rutas más importantes para las exportaciones argentinas. La cancelación del proceso se produce en un contexto de fuertes acusaciones sobre supuestas irregularidades durante el desarrollo de la licitación, como la sospecha de que el proceso fue direccionado en favor de una empresa específica. La investigación busca aclarar estos eventos y asegurar que el futuro concesionario sea seleccionado bajo condiciones transparentes y competitivas.
