En una jornada marcada por la alta carga simbólica y la movilización social, el presidente Javier Milei ha vuelto a marcar una profunda distancia respecto a la política de derechos humanos sostenida durante las últimas dos décadas en Argentina. A través de la difusión de mensajes oficiales y piezas audiovisuales, el Poder Ejecutivo ha insistido en la necesidad de una «memoria completa», un concepto que busca reivindicar el reconocimiento de las víctimas de las organizaciones guerrilleras de los años 70. Esta postura representa un giro discursivo drástico que desafía el consenso histórico construido desde el Juicio a las Juntas y profundizado durante el kirchnerismo.
Desde el inicio de su gestión, el actual gobierno ha cuestionado la cifra de los 30.000 desaparecidos, calificándola de «mito» o construcción política. En este nuevo aniversario del golpe de 1976, la narrativa oficial se centró en igualar las responsabilidades de la violencia política, rescatando testimonios de familiares de militares y civiles asesinados por grupos como Montoneros y el ERP. Según analistas políticos, este enfoque no busca negar los crímenes del Estado, sino integrar la «otra cara» de la historia en un intento por cerrar lo que el oficialismo denomina una «visión sesgada y parcial» de la tragedia argentina.
La estrategia de comunicación, liderada por figuras cercanas al presidente y equipos de la Casa Rosada, ha utilizado este 24 de marzo para criticar lo que consideran un «negocio de los derechos humanos» desarrollado bajo las administraciones anteriores. El discurso gubernamental sostiene que el kirchnerismo utilizó la memoria como una herramienta de persecución política y adoctrinamiento. En contraposición, la propuesta de la administración libertaria apela a una justicia que incluya a todas las víctimas, sin distinciones ideológicas, argumentando que la reconciliación nacional solo será posible mediante el reconocimiento total de los hechos violentos ocurridos antes y durante la dictadura.
Este cambio de paradigma ha generado reacciones encontradas en el espectro político y social. Mientras que sectores vinculados a las fuerzas de seguridad y víctimas del terrorismo celebran lo que perciben como una «reivindicación histórica», los organismos de derechos humanos tradicionales y la oposición denuncian un intento de reinstalar la «Teoría de los Dos Demonios». Expertos en derecho internacional advierten que, si bien es legítimo reconocer a todas las víctimas, no se debe equiparar el accionar de grupos irregulares con el terrorismo de Estado, el cual posee una gravedad jurídica distinta debido al uso del aparato estatal para el exterminio.
En términos económicos y sociales, el debate sobre la memoria también se entrelaza con la agenda de reformas de Milei. Para el Ejecutivo, desarticular el relato previo es parte esencial de la «batalla cultural» necesaria para transformar la estructura del país. Al cuestionar los cimientos del discurso progresista, el Gobierno busca consolidar una base electoral que se siente ajena a las consignas tradicionales del 24 de marzo y que prioriza una visión de futuro despojada de las «ataduras del pasado», según palabras frecuentes del propio mandatario en sus redes sociales.
Hacia adelante, la insistencia en la «memoria completa» proyecta un escenario de mayor polarización respecto al tratamiento de la historia reciente en ámbitos educativos y judiciales. La intención del Gobierno de reformular los actos oficiales y la currícula escolar en torno a esta fecha sugiere que la disputa por el sentido del pasado seguirá siendo un eje central de la política nacional. En última instancia, la gestión de Milei apuesta a que este cambio de enfoque contribuya a un nuevo ordenamiento social, aunque el impacto final en la cohesión ciudadana y en la imagen internacional de Argentina aún es materia de análisis.
