Un informe oficial del Ministerio de Capital Humano adelantó que el Gobierno no tiene previstos nuevos aumentos para las prestaciones por discapacidad, una decisión que generó una fuerte reacción de las organizaciones y asociaciones civiles que representan al sector. La medida, que se basa en la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, pone en riesgo la capacidad de las instituciones de seguir prestando servicios esenciales y genera gran preocupación en las familias.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dependiente del Ministerio, comunicó la decisión a través de un informe técnico. Esta medida impacta directamente en las coberturas de atención médica y terapias, así como en el sostenimiento de los centros de día y las escuelas especiales, que dependen de estos fondos para su funcionamiento. El anuncio se produce en un contexto de fuerte ajuste fiscal, en el que diversas áreas del Estado han sufrido recortes presupuestarios.
Las principales asociaciones de padres y prestadores de servicios de discapacidad manifestaron su rechazo a la decisión, argumentando que las tarifas actuales ya se encuentran desfasadas con respecto a la inflación. En un comunicado conjunto, señalaron que la falta de actualizaciones impacta negativamente en la calidad de la atención y obliga a las instituciones a limitar los servicios o incluso a cerrar. Afirman que la situación es insostenible y que el Gobierno debe reevaluar su posición para garantizar la continuidad de la asistencia.
Expertos en derechos humanos y política social advirtieron que la medida podría vulnerar los derechos de las personas con discapacidad. «La salud y la educación son derechos fundamentales que el Estado debe garantizar. La falta de inversión en este sector es una regresión social», afirmó un especialista consultado. La decisión del Gobierno se suma a la preocupación por la desfinanciación de programas sociales y la demora en los pagos a los prestadores de servicios.
El informe oficial sugiere que la prioridad del Gobierno es el saneamiento de las cuentas públicas y el control del gasto. Sin embargo, las organizaciones sociales han convocado a movilizaciones para visibilizar la situación y reclamar una pronta solución. La protesta busca llamar la atención sobre el impacto que la falta de recursos tiene en las familias y en las personas con discapacidad que dependen de estos servicios.
La decisión de no actualizar las prestaciones por discapacidad se presenta como un nuevo capítulo en la política de ajuste del Gobierno. El sector, que ya venía enfrentando dificultades económicas, se encuentra ahora en un punto crítico, lo que amenaza la calidad de vida de miles de personas. La situación plantea un debate urgente sobre las prioridades del Estado y la protección de los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad.
