El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, ha ordenado desclasificar toda la documentación vinculada al accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar. La medida busca cumplir con el Decreto 4/2010, el cual no se había implementado completamente hasta ahora. Estos archivos, previamente en poder de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), serán transferidos al Archivo General de la Nación, destinado a la conservación de documentos históricos.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó que esta decisión es un avance significativo en la transparencia, permitiendo que la información histórica no quede bajo control político y esté disponible para el público. Según Adorni, durante décadas, estos archivos fueron utilizados por los gobiernos de turno como «un botín de guerra», manipulando la información a conveniencia. Ahora, el material será accesible para la memoria colectiva.
Además de esta medida, el gobierno también ha decidido reconocer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el atentado de 1974 contra la familia del capitán Humberto Viola como un crimen de lesa humanidad. Este ataque fue perpetrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y resultó en la muerte de Viola y su hija, mientras que su otra hija sufrió graves heridas. La viuda del capitán, María Cristina Picón, luchó por años para que el caso fuera reconocido como tal, un reclamo que ahora será atendido.
La desclasificación de documentos no solo incluye el periodo de la dictadura, sino también información relevante relacionada con otros momentos históricos que involucren a las Fuerzas Armadas. Esta medida es vista como un paso necesario para esclarecer las acciones del pasado y garantizar justicia, principalmente para las víctimas de terrorismo de Estado.
El gobierno también adelantó que enviará un proyecto de ley al Congreso de la Nación que proponga la imprescriptibilidad penal y civil de los crímenes de lesa humanidad, buscando evitar que estos actos sean olvidados o quede impune cualquier delito vinculado.
Con esta acción, el gobierno refuerza su compromiso con la verdad, la justicia y la memoria histórica. Además, se espera que este acto abra el camino para una mayor claridad sobre los hechos ocurridos durante la última dictadura y, al mismo tiempo, impulse nuevas investigaciones judiciales.
