En una medida que ha generado un fuerte impacto en el ámbito económico y político, el Gobierno Nacional anunció la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y su reemplazo por una nueva agencia de recaudación con una «estructura simplificada». El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien detalló que esta decisión implicará una reducción del 34% de los cargos públicos, con el despido de 3100 empleados que ingresaron en 2023, lo que permitirá un ahorro estimado de $6400 millones anuales.
El ajuste, según Adorni, responde a la necesidad de reducir el gasto público y aumentar la eficiencia del Estado. La nueva agencia de recaudación, cuyo nombre oficial aún no se ha dado a conocer, funcionará bajo un esquema de menor burocracia y con un enfoque en la digitalización de los procesos. “Buscamos optimizar los recursos del Estado, reducir la burocracia y mejorar la recaudación con un enfoque moderno y menos costoso para los contribuyentes”, señaló el vocero presidencial durante la conferencia de prensa.
La disolución de la AFIP es vista por muchos como un cambio estructural profundo dentro del sistema impositivo argentino, dado que la entidad, creada en 1997, ha sido durante décadas el organismo central encargado de la recaudación de impuestos en el país. La reestructuración incluye la eliminación de diversas áreas que, según el Gobierno, habían crecido innecesariamente en los últimos años, generando gastos superfluos sin mejorar la eficiencia en la recaudación.
El despido de los 3100 empleados que ingresaron a la AFIP en 2023 ha sido uno de los puntos más controversiales del anuncio. Desde distintos gremios del sector público, como ATE y UPCN, ya han expresado su rechazo a la medida, señalando que se trata de una vulneración de los derechos laborales. Sin embargo, desde el Gobierno sostienen que la incorporación de esos trabajadores se produjo bajo condiciones de contratación cuestionables, y que la medida es necesaria para ajustar las finanzas públicas.
Analistas económicos han señalado que esta medida podría tener un impacto positivo en las cuentas fiscales del país, al reducir el déficit y mejorar la eficiencia en la recaudación. No obstante, también han advertido sobre los riesgos que implica la transición hacia una nueva entidad recaudadora en medio de un contexto de alta inflación y volatilidad económica. “Es un cambio necesario, pero habrá que ver cómo se implementa y si efectivamente logra los resultados esperados”, comentó el economista Martín Redrado.
Además de los despidos y la reducción de cargos públicos, el plan del Gobierno contempla la automatización de varios procesos impositivos. La nueva agencia se basará en un sistema de inteligencia artificial y big data para mejorar la detección de evasión fiscal, así como para simplificar las declaraciones juradas de los contribuyentes. Se espera que esta modernización permita una recaudación más eficiente y, a largo plazo, una menor dependencia de la intervención humana en los procedimientos rutinarios.
A nivel político, la oposición ha criticado la medida, acusando al Gobierno de realizar un «ajuste indiscriminado» en el sector público. Desde el espacio que lidera el expresidente Mauricio Macri, se ha expresado preocupación por los despidos y por lo que consideran una «improvisación» en la creación de la nueva agencia de recaudación. «No se puede improvisar con una institución clave como la AFIP. La creación de un nuevo organismo requiere planificación y consenso, no una decisión unilateral en tiempos de crisis», afirmaron desde el bloque opositor en el Congreso.
El Gobierno, por su parte, asegura que la implementación de la nueva agencia será rápida y que el objetivo es que comience a operar plenamente en el primer trimestre de 2025. Según las proyecciones oficiales, esta reestructuración permitirá mejorar la recaudación en un 15% en los próximos dos años, al tiempo que reducirá el gasto público y simplificará el cumplimiento de las obligaciones fiscales para ciudadanos y empresas.
