El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ha iniciado un riguroso proceso de auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, lo que podría derivar en la eliminación de entre 120.000 y 160.000 de estos beneficios en los próximos meses. La medida, que busca garantizar que solo quienes realmente necesiten este apoyo sigan recibiéndolo, responde a la detección de numerosas irregularidades en la concesión de estas pensiones, muchas de las cuales fueron otorgadas sin cumplir con los requisitos legales establecidos.
La auditoría, que comenzó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, ya ha identificado que entre el 30% y el 40% de los casos auditados presentan inconsistencias. Entre las irregularidades detectadas, se incluyen la presentación de documentación médica falsificada, el uso de una misma radiografía en múltiples expedientes y la concesión de pensiones a personas cuyas condiciones de salud no justifican la invalidez laboral. Este control exhaustivo continuará extendiéndose a otras regiones del país en los próximos meses.
Los principales afectados por esta medida serán aquellos que actualmente reciben una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral sin cumplir con los criterios legales. Entre los casos más llamativos se encuentran beneficiarios que poseen bienes significativos, como vehículos o propiedades no declarados, o que cuentan con un empleo formal, lo que los hace incompatibles con la percepción de este tipo de pensión. Asimismo, se revisarán expedientes sospechosos de fraude, como aquellos en los que se utilizaron radiografías de animales para justificar la discapacidad.
Para acceder a una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, es necesario cumplir con requisitos estrictos, como no recibir otros ingresos del Estado, no tener empleo formal y contar con ingresos insuficientes. El monto de esta pensión equivale al 70% de la jubilación mínima, que en agosto de 2024 se fijó en $157.878, con un aumento previsto a $164.240 en septiembre. Estas pensiones están destinadas a personas que, debido a problemas de salud o situaciones de vulnerabilidad social, no pueden trabajar y carecen de otros ingresos.
El proceso de auditoría no solo tiene como objetivo depurar el sistema de pensiones, sino también sancionar a los responsables de las irregularidades detectadas. En este sentido, la ANDIS, en coordinación con el Ministerio de Salud y la justicia, ha iniciado denuncias penales para investigar y sancionar a quienes participaron en la gestión indebida de estos recursos. La eliminación de las pensiones fraudulentas permitirá redirigir los recursos del Estado hacia quienes realmente lo necesitan.
Diego Spagnuolo, director de la ANDIS, ha subrayado que estas auditorías no buscan perjudicar a los beneficiarios legítimos, sino restaurar la transparencia en el sistema y asegurar que los recursos estatales sean destinados a quienes realmente lo requieren. La medida, aunque polémica, se enmarca en un esfuerzo por corregir las distorsiones en la concesión de pensiones y reforzar la justicia social en la distribución de los beneficios públicos.
