La iniciativa contempla penas de hasta 20 años de prisión y multas de medio millón de barriles de petróleo para explotaciones ilegales, amplía el concepto de Defensa Nacional y otorga facultades de emergencia al Ejecutivo.
Dos semanas después de su anuncio por cadena nacional, el Poder Ejecutivo formalizó el ingreso a la Cámara de Diputados del proyecto de ley de defensa de la soberanía de las Islas Malvinas. La propuesta busca castigar con dureza la explotación ilegítima de recursos naturales en el Atlántico Sur y ya reavivó la tensión diplomática con el Reino Unido, en un movimiento legislativo que excede lo puramente punitivo e impacts directo en la estructura de seguridad e inteligencia del Estado.
El texto oficial, redactado a lo largo de 40 páginas, establece sanciones administrativas y penales severas para personas físicas o jurídicas que realicen actividades sin habilitación de la autoridad argentina en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El régimen sancionatorio prevé inhabilitaciones de 5 a 20 años, suspensión o cancelación de licencias y multas económicas equivalentes al valor de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo. Asimismo, para los casos más graves de prospección o exploración no autorizada en el lecho o subsuelo de la Plataforma Continental Argentina, la norma fija penas de hasta 20 años de prisión.
Los lineamientos centrales de la iniciativa fueron confeccionados por el asesor presidencial Santiago Caputo y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, con aportes directos del ministro de Defensa, Carlos Presti, el canciller Pablo Quirno y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). El articulado no se limita al sector hidrocarburífero, sino que extiende la prohibición a cualquier recurso natural, sea renovable o no renovable, buscando cortar los incentivos económicos que benefician a empresas autorizadas unilateralmente por el gobierno británico.
Sin embargo, el dato que modifica la lectura política del proyecto reside en la redefinición del aparato estatal de defensa. La propuesta modifica la Ley 23.554 de Defensa Nacional para ampliar su alcance frente a amenazas externas "estatales y no estatales, de carácter cinético o no cinético", e incluye la creación del Sistema de Seguridad Nacional. Su órgano rector será el nuevo Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el propio Presidente e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Cancillería, Defensa y Economía, la SIDE y Legal y Técnica, un cuerpo dotado de atribuciones para disponer "medidas urgentes" ante hipotéticos riesgos graves a la seguridad del país.
Tras la difusión del texto, el Presidente convocó a la dirigencia política a darle "máxima prioridad y celeridad" a la discusión parlamentaria. A pesar del pedido de premura del Ejecutivo, los plazos de la Cámara de Diputados indican que la iniciativa recién ingresará formalmente a las comisiones de Defensa y de Presupuesto y Hacienda durante la semana del 7 de octubre, en paralelo con la discusión del Presupuesto 2027.
Aunque el documento enfatiza que la Argentina mantendrá su histórica vocación pacífica y la vía diplomática para sostener el reclamo soberano, el endurecimiento de penas y la atribución de nuevas facultades de inteligencia en un solo organismo abren un debate profundo. La ratificación en el Congreso determinará si las fuerzas políticas están dispuestas a convalidar este esquema de concentración de poder institucional bajo el argumento de proteger los recursos del Atlántico Sur.
