El Poder Ejecutivo ha ratificado su decisión de impulsar una reforma profunda a la Ley Nacional de Salud Mental (N° 26.657) durante el próximo período de sesiones ordinarias en el Congreso. La iniciativa busca modificar ejes centrales de la normativa vigente, que data de 2010, bajo el argumento de que el sistema actual presenta fallas estructurales en la atención de casos críticos, especialmente en lo relativo a las adicciones y las internaciones involuntarias. Para la administración central, la legislación actual ha quedado desfasada frente a la crisis de consumo de sustancias y la falta de infraestructura de apoyo para las familias.
Uno de los puntos más controvertidos de la propuesta oficial es la revisión de los criterios de internación, facilitando que los profesionales de la salud y las familias puedan decidir la hospitalización de un paciente cuando exista un riesgo cierto e inminente para sí mismo o para terceros. Según expertos del sector sanitario vinculados al oficialismo, la ley actual impone demasiadas trabas burocráticas y judiciales que terminan dejando a los pacientes en situación de calle o en entornos de vulnerabilidad extrema sin recibir tratamiento. El objetivo es desestigmatizar la internación como herramienta terapéutica cuando la atención ambulatoria resulta insuficiente.
En contrapartida, diversas organizaciones de derechos humanos y asociaciones de profesionales de la salud mental han manifestado su preocupación ante lo que consideran un posible retroceso hacia un modelo «manicomial». Argumentan que el problema no es la ley en sí, sino la falta de presupuesto para crear la red de dispositivos intermedios —como casas de medio camino y centros de día— que la norma original exigía. Desde este sector, se sostiene que flexibilizar las internaciones sin fortalecer los controles externos podría vulnerar las libertades individuales y retornar a prácticas de encierro prolongado sin fines de rehabilitación.
El debate legislativo también incluirá una revisión del rol de los hospitales especializados. Mientras que la ley vigente promueve el cierre de los hospitales monovalentes para integrarlos en hospitales generales, el nuevo proyecto propone mantener y modernizar estas instituciones para atender patologías de alta complejidad que requieren cuidados específicos. Informes del Ministerio de Salud sugieren que los hospitales generales aún no cuentan con los recursos ni el personal capacitado para absorber la totalidad de la demanda en salud mental, lo que ha generado un cuello de botella en las guardias de todo el país.
En términos políticos, el Gobierno buscará tejer alianzas con los sectores de la oposición dialoguista y las provincias para asegurar la aprobación de la reforma. Se espera que el foco de la discusión se centre en el financiamiento, ya que cualquier cambio en la modalidad de atención requerirá una reasignación de partidas presupuestarias. Las estadísticas oficiales muestran un incremento preocupante en los trastornos de ansiedad y depresión post-pandemia, lo que ha puesto la salud mental en el centro de la agenda pública y presiona a los legisladores para alcanzar un consenso que trascienda las diferencias ideológicas.
La resolución de este conflicto legislativo determinará el futuro del sistema de cuidados en Argentina para la próxima década. Si el Gobierno logra imponer su visión, el país se moverá hacia un sistema más flexible y centrado en la intervención médica directa; de lo contrario, la ley actual continuará siendo el marco de referencia, aunque bajo el desafío persistente de su correcta implementación. El cierre del debate en el Congreso será clave para definir si la salud mental se abordará como un problema estrictamente médico o como una cuestión de derechos humanos integrales, en un balance que aún parece difícil de alcanzar.
