El Gobierno nacional, bajo la coordinación del jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, está reordenando y profundizando el «Plan Motosierra» con el objetivo de reducir aún más la estructura del Estado para el año 2026. La medida, que según fuentes de la Casa Rosada es «inminente», busca achicar la planta estatal con el fin de lograr un Estado más eficiente.
Profundización del Ajuste y Nuevo Foco
Tras la reestructuración del Gabinete, el plan de ajuste se intensifica con miras a impactar a otro 10% del total de empleados públicos, según anticiparon fuentes del Poder Ejecutivo, aunque evitaron dar cifras específicas. La revisión se lleva a cabo por orden directa del presidente Javier Milei y se concentra en la «puntillosidad» de las estructuras y funciones de los organismos.
- Foco Descentralizado: Mientras que en los primeros dos años la reducción se centró en la administración centralizada, el nuevo objetivo se desplaza hacia los organismos descentralizados. Se están revisando al menos ocho áreas y organismos, entre los que se mencionan entes sensibles como la AFIP, el CONICET, el INDEC, ANSES, INTA, INTI y el ENACOM.
- Mecanismos: Aunque no se ha oficializado, existe la intención de ofrecer un plan de retiro voluntario para facilitar el achique de la planta.
- Antecedentes: Según cifras de septiembre, los despidos desde el inicio de la gestión ascienden a 58.797 personas (incluyendo organismos centralizados, descentralizados, personal militar y de seguridad, y empresas estatales). Un informe reciente del INDEC ya reflejó una reducción del 0,3% en la dotación de personal en octubre, que actualmente suma 282.570 trabajadores en la administración pública nacional.
Resistencia y Contexto Económico
La nueva etapa del plan, que Sturzenegger ha calificado de «constante», despierta una fuerte resistencia sindical. Además, el ajuste se enmarca en compromisos fiscales asumidos ante organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde el Gobierno prometió «mayor racionalidad» en el gasto tributario y un mayor superávit fiscal para 2026, lo que implica controles más estrictos en el gasto social.
La medida subraya la determinación del Gobierno de Milei de utilizar la «motosierra» como herramienta permanente para el saneamiento de las cuentas públicas, a pesar de las advertencias previas de la OCDE sobre un posible riesgo de debilitamiento en las capacidades productivas de la industria debido a los recortes.
