En una semana decisiva para la administración de Javier Milei, la Cámara de Diputados se encamina a emitir dictamen sobre el Proyecto de Presupuesto 2025 tras intensas negociaciones en las comisiones de Hacienda y Presupuesto. El Poder Ejecutivo ha logrado destrabar puntos críticos mediante un diálogo directo con gobernadores aliados y sectores de la oposición «dialoguista», quienes condicionaron su apoyo a la inclusión de partidas específicas para obras públicas provinciales. Este avance es visto por los mercados financieros como una señal de gobernabilidad y compromiso con el equilibrio fiscal, eje central del programa económico actual.
El núcleo de la negociación ha girado en torno a las transferencias discrecionales y el financiamiento de las cajas previsionales no transferidas a la Nación, reclamos históricos de las provincias. Según analistas parlamentarios, la estrategia del oficialismo ha sido ceder en puntos marginales de inversión en infraestructura a cambio de mantener intacta la regla del «déficit cero». De acuerdo a un informe del Ministerio de Economía, la aprobación de este presupuesto es fundamental para dar previsibilidad a la política monetaria y continuar con el proceso de desinflación iniciado en el último semestre.
El rol de los gobernadores ha sido determinante para alcanzar el quórum necesario en la comisión. Mandatarios de diversas extracciones políticas han priorizado el flujo de fondos hacia sus distritos, entendiendo que un escenario de reconducción presupuestaria por segundo año consecutivo otorgaría al Ejecutivo facultades de reasignación discrecional que perjudicarían sus finanzas locales. Esta dinámica refleja un nuevo mapa de poder donde la negociación «voto a voto» sustituye a las mayorías automáticas, obligando a La Libertad Avanza a una gimnasia parlamentaria constante.
A pesar del optimismo oficialista, bloques de la oposición dura han manifestado su rechazo, argumentando que las proyecciones de crecimiento del 5% y una inflación del 18% para el próximo año son excesivamente optimistas. Según economistas de centros de estudio opositores, el ajuste recae desproporcionadamente en las partidas de educación, salud y ciencia, lo que podría generar tensiones sociales en el mediano plazo. No obstante, el oficialismo confía en que el dictamen obtenga la mayoría necesaria para ser tratado en el recinto antes del cierre del período de sesiones ordinarias.
La aprobación del presupuesto no solo tiene implicancias domésticas, sino que es una pieza clave en la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo multilateral ha insistido en la necesidad de contar con una ley de leyes aprobada por el Congreso que brinde un marco jurídico sólido a las reformas estructurales propuestas. Expertos en política internacional señalan que este respaldo legislativo fortalecería la posición argentina ante posibles nuevos desembolsos o cambios en las condiciones del acuerdo vigente.
Hacia adelante, el desafío del Gobierno será cumplir con las metas fiscales ambiciosas plasmadas en el documento mientras gestiona las demandas de una coalición legislativa heterogénea. El éxito en la emisión del dictamen representaría una victoria política significativa para el Ejecutivo, demostrando capacidad de articulación en un Congreso fragmentado. De confirmarse la sanción de la ley, el 2025 se iniciará con una hoja de ruta clara, aunque su ejecución dependerá de la estabilidad de las variables macroeconómicas y del cumplimiento de los compromisos asumidos con las provincias.
