La Libertad Avanza tomó el control de la comisión administradora tras un sorpresivo cambio de voto de la UCR y la designación de un cuestionado asesor. Oposición y gremios judicializarán la decisión.
La designación de las nuevas autoridades de la Comisión Bicameral Administradora de la Biblioteca del Congreso derivó en una caldeada jornada parlamentaria que combinó irregularidades reglamentarias, acusaciones por violencia intrafamiliar y un tenso desenlace con agresiones físicas en las inmediaciones del anexo. El oficialismo logró imponer la conducción del organismo, pero el atropello procedimental dejó expuesta una profunda fractura con los trabajadores legislativos y activó la mecha de un inminente frente judicial.
Tras casi dos horas de debate, la comisión consagró al diputado José Peluc (La Libertad Avanza) como presidente, escoltado por la senadora mendocina Mariana Juri (UCR) y el senador Enzo Fullone (LLA) en las secretarías. Sin embargo, el eje de la polémica se instaló en el nombramiento de Nahuel Piccoli Fortuny como nuevo director coordinador general en reemplazo de Alejandro Santa, quien condujo el área durante más de dos décadas. Piccoli Fortuny, respaldado por Fullone y la diputada rionegrina Lorena Villaverde, debió admitir en pleno recinto la existencia de una causa por violencia intrafamiliar en su contra, calificándola como un evento cruzado con su padre que ya habría sido resuelto por la Justicia.
La disputa por la estructura de la Biblioteca del Congreso no es menor: la institución maneja una caja clave e involucra una planta de aproximadamente 1.000 empleados. Desde Unión por la Patria, la diputada Paula Penacca denunció que la renuncia de Santa fue «inducida» para forzar la caja e instalar a un dirigente ajeno a la carrera administrativa. Frente a los embates, el senador Fullone justificó la jugada argumentando la necesidad de realizar una auditoría profunda sobre un organismo históricamente opaco, al que acusó de funcionar como un refugio de cargos y privilegios sin control público.
El dato más sugestivo de la jornada ocurrió durante la votación del nuevo coordinador general, cuando la propuesta libertaria quedó inicialmente sepultada al no alcanzar los siete votos requeridos por el rechazo de Mariana Juri. Sin embargo, tras una breve intervención de Piccoli Fortuny, la senadora radical cambió imprevistamente su voto en segunda instancia para inclinar la balanza a favor del oficialismo, maniobra catalogada de «mamarracho» por la oposición. A este volantazo se sumó la denuncia de la diputada Sabrina Selva (UxP), quien advirtió que la ampliación del temario violó el artículo 12 del reglamento interno al notificarse con menos de 24 horas y no con los tres días de antelación obligatorios.
El desenlace dentro del anexo se trasladó de inmediato al hall central y a las calles adyacentes, donde una multitud de trabajadores conducidos por Norberto Di Próspero, titular de la Asociación del Personal Legislativo (APL), acorraló a las autoridades electas. Entre gritos e insultos, los legisladores Fullone y Peluc fueron escupidos e increpados mientras intentaban retirarse a pie por la vía pública. Ante la gravedad de lo acontecido y las fallas en el procedimiento de convocatoria, tanto el bloque peronista como la conducción sindical confirmaron que recurrirán a los tribunales para impugnar la votación e invalidar los nombramientos.
El intento de La Libertad Avanza por desembarcar en el control de una de las cajas y estructuras operativas más sensibles del Poder Legislativo terminó desatando un choque institucional de desenlace abierto. Con cuestionamientos éticos sobre los designados y objeciones de legalidad sobre la sesión, la batalla por la Biblioteca del Congreso se mudará ahora a los estrados judiciales.
