Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron este miércoles al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 (TOF 2) que avance «sin más demoras» en la ejecución del decomiso contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y el resto de los condenados en la causa conocida como «Vialidad».
El monto exigido por los fiscales, que busca compensar el perjuicio económico al Estado por la administración fraudulenta en la obra pública de Santa Cruz, asciende a $ 684.990.350.139,86.
Puntos Clave del Reclamo Fiscal:
- Firmeza del Fallo: La solicitud se realiza luego de que la sentencia adquiriera firmeza el 10 de junio de 2025, tras la desestimación de quejas por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
- Negativa al Pago: Los fiscales destacaron que, tras vencer el plazo de diez días para el pago solidario, los condenados se negaron a depositar la suma, no abonando «ni un solo peso».
- Ejecución de Bienes Embargados: Ante esta falta de pago, Luciani y Mola exigieron activar los mecanismos para ejecutar los bienes que ya se encuentran embargados, a fin de cubrir el monto de la defraudación.
- Bienes en Disputa: El Ministerio Público Fiscal reclama la ejecución de veinte inmuebles atribuidos a la familia Kirchner (entre hoteles, terrenos y departamentos), que la expresidenta cedió a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, luego de que el fraude se considerara consumado (diciembre de 2015).
- Respuesta de las Defensas: Máximo y Florencia Kirchner se opusieron al remate, argumentando que son «terceros ajenos a los hechos» y que desapoderarlos de esos bienes por una cesión sucesoria constituiría una confiscación.
- Postura de los Fiscales: El dictamen de los fiscales refuta las defensas, señalando que los bienes fueron cedidos por la condenada Cristina Fernández de Kirchner tras la finalización de la maniobra fraudulenta, y que Máximo Kirchner actuó en representación de sus padres en múltiples negocios con Lázaro Báez.
El requerimiento final de los fiscales apunta a que el TOF 2 ejecute el decomiso de los bienes ya identificados para la «recuperación de los bienes de la defraudación para asignarlos a fines nobles, útiles y públicos».
