En un encuentro de alto valor simbólico y operativo, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, mantuvo su primera reunión oficial con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El eje central de la mesa de trabajo fue la crítica situación de las vacantes en los tribunales federales y nacionales, un déficit que hoy alcanza a más de 300 despachos sin juez titular. Este compromiso de gestión busca agilizar los mecanismos de selección y designación, entendiendo que la mora en la cobertura de cargos es uno de los principales obstáculos para la eficiencia del servicio de justicia y la resolución de causas de alto impacto social.
El diagnóstico compartido por el Poder Ejecutivo y el máximo tribunal revela que casi un 30% de los juzgados del país se encuentran subrogados, lo que genera una sobrecarga de tareas y una dilación sistémica en los procesos. Según expertos en derecho constitucional, la falta de jueces titulares no solo afecta la celeridad, sino que debilita la independencia judicial al mantener a magistrados en condiciones de transitoriedad. Mahiques se comprometió a dinamizar el envío de pliegos al Senado y a trabajar en conjunto con el Consejo de la Magistratura para destrabar los concursos que se encuentran en etapas administrativas avanzadas.
La reunión también abordó la implementación plena del sistema acusatorio en todo el territorio nacional, un cambio de paradigma que requiere una infraestructura robusta y recursos humanos capacitados. De acuerdo a fuentes judiciales, la Corte Suprema enfatizó la necesidad de dotar de presupuesto y herramientas tecnológicas a las nuevas fiscalías y defensorías para que la transición no colapse el sistema vigente. El ministro, por su parte, aseguró que la cobertura de las vacantes es una prioridad presupuestaria del Ministerio de Justicia, proyectando una serie de tandas de designaciones para el transcurso del primer semestre de 2026.
Desde el ámbito político, este acercamiento se interpreta como un gesto de distensión necesario tras periodos de fricción entre los poderes del Estado. Analistas del sector judicial señalan que la coordinación entre el Ministerio y la Corte es fundamental para avanzar en reformas de fondo, como la digitalización total de los expedientes y la optimización de los recursos del Poder Judicial. La voluntad política de Mahiques de priorizar la gestión técnica sobre la disputa ideológica ha sido recibida positivamente por las cámaras empresariales y organismos de derechos civiles, que reclaman una justicia más ágil y previsible.
La complejidad del proceso de designación implica una negociación multiactoral que involucra al Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y la Cámara de Senadores. El compromiso asumido por Mahiques implica no solo la selección de candidatos idóneos, sino también la gestión del consenso legislativo necesario para que los pliegos obtengan el acuerdo constitucional. Según informes del Ministerio, se espera que en las próximas semanas se envíen las primeras ternas prioritarias, enfocadas en juzgados penales estratégicos y tribunales de apelación que hoy operan con quórum mínimo.
El impacto de este acuerdo se verá reflejado en la capacidad de respuesta del sistema ante delitos complejos como el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción administrativa. A medida que las vacantes comiencen a cubrirse, la proyección es una reducción paulatina de los tiempos de espera para los ciudadanos y un fortalecimiento de la seguridad jurídica en el país. El éxito de esta iniciativa dependerá de la sostenibilidad del diálogo iniciado y de la capacidad del sistema político para priorizar la estabilidad de las instituciones judiciales por encima de las coyunturas electorales.
