Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR —la asociación que nuclea a trabajadoras sexuales en Argentina— brindó una entrevista en la que analizó con crudeza las condiciones de precariedad, organización colectiva y supervivencia que atraviesan quienes ejercen el trabajo sexual en el país. Su mirada apunta directamente al sistema penal como parte del problema.
«La cárcel no repara nada, agrava el conflicto social», afirmó Orellano, cuestionando los enfoques punitivistas que proponen la criminalización como respuesta a problemáticas complejas vinculadas al trabajo sexual. En la misma línea, abordó el consumo problemático de sustancias como una variable que afecta a muchas de las mujeres que representa, y subrayó la importancia de las redes de contención comunitaria.
El debate sobre la regulación o abolición del trabajo sexual sigue siendo uno de los más álgidos en la agenda de género en Argentina. Las palabras de Orellano llegan en un contexto donde diversas organizaciones feministas mantienen posiciones enfrentadas, y donde la política pública sobre el tema aún carece de consenso legislativo claro.
