Formosa se encuentra en la antesala de una votación crucial que podría reconfigurar el mapa político provincial, con la figura del gobernador Gildo Insfrán en el centro de la escena. Tras décadas de ininterrumpido control, el mandatario peronista impulsa una reforma constitucional y busca una nueva reelección, una estrategia que pone en juego su histórica hegemonía y desafía las interpretaciones recientes de la Corte Suprema sobre los límites a la sucesión de mandatos. El resultado de estas elecciones, que definirán la composición de la Convención Constituyente y renovarán parcialmente la Legislatura, será determinante para el futuro político de la provincia.
El 28 de junio de 2025, aproximadamente medio millón de formoseños acudirán a las urnas para elegir a los miembros de la Convención, un órgano facultado para modificar integralmente el texto constitucional, y para renovar 15 de los 30 escaños de la Legislatura provincial, así como los concejos deliberantes locales. Esta votación, que se produce un día después de la celebración del 70° aniversario de la provincialización de Formosa, no es un mero trámite electoral. Es la vía elegida por Insfrán para sortear el dictamen de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la reelección indefinida, una movida que genera suspicacias sobre la posible adaptación de la carta magna provincial para permitirle competir nuevamente en 2027, considerando su mandato actual como el primero bajo una nueva normativa.
La estrategia oficialista se cimienta, en gran medida, en la ley de lemas, una herramienta electoral que permite que múltiples listas de un mismo partido sumen sus votos al candidato más votado de esa fuerza. Si bien el Partido Justicialista presentará una lista unificada para convencionales y legisladores provinciales, en el ámbito local se desplegarán 56 sublemas para concejales en diversas ciudades, los cuales impulsarán las listas provinciales desde la base. La capital provincial emerge como el epicentro de la disputa, concentrando el 50% del padrón electoral y, por ende, gran parte de las expectativas de los diferentes contendientes.
En la recta final de la campaña, Insfrán desplegó una intensa agenda de gestión, inaugurando 59 obras públicas en tan solo 29 días, algunas de ellas habilitadas horas antes del inicio de la veda electoral. Desde sus discursos, el gobernador arremetió contra quienes cuestionan el sistema político formoseño, a quienes tildó de «foráneos», y contrastó su gestión con la del presidente Javier Milei, criticando la ausencia de obra pública nacional en año y medio de mandato y la «destrucción» de instituciones como el Hospital Garrahan y el CONICET. Esta narrativa busca consolidar el apoyo interno y diferenciar su modelo de provincia.
La oposición, fragmentada, presenta tres frentes principales en esta contienda. Por un lado, La Libertad Avanza concurre con dos sublemas para cargos provinciales y convencionales. Una alianza entre el PRO, la UCR y el MID, sumando a partidos locales como Nuevo País y Libertad, Trabajo y Progreso, conforma la «Alianza para la Libertad y la República», también con distintos sublemas. Finalmente, Confluencia Ciudadana, integrada por Libres del Sur, Unión Popular y Partido Instrumento Electoral, buscará hacerse un espacio en el panorama electoral. Esta dispersión de fuerzas opositoras históricamente ha beneficiado al oficialismo.
El proceso electoral no ha estado exento de controversias. En las horas previas a la votación, se registró una denuncia contra Gildo Insfrán por un presunto intento de fraude, lo que llevó al Tribunal Electoral Permanente a emitir un acta para inhabilitar a fiscales del Frente Amplio Formoseño. Gabriela Neme, referente opositora, calificó esta acción como una «invención de una norma para obstaculizar el control», lo que añade una capa de tensión y desconfianza en un proceso ya de por sí cargado de expectativas sobre la continuidad o el cambio en la provincia.
