El subsecretario Álvarez los acusó de «asaltar un edificio público» y sostuvo que «viven en una fantasía», escalando el conflicto universitario.
El Gobierno nacional endureció su postura frente a los estudiantes que tomaron la Secretaría de Educación y redobló las críticas con un lenguaje sin matices. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, fue el encargado de salir a responder públicamente y lo hizo con una caracterización que no dejó margen para el diálogo: los manifestantes, dijo, «asaltan edificios públicos» y «viven en una fantasía».
Álvarez ocupa la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el área que tiene responsabilidad directa sobre el financiamiento y la regulación del sistema universitario nacional. Su intervención no fue casual: es la voz técnica y política del Ejecutivo en el conflicto que enfrenta al gobierno de Milei con el movimiento estudiantil y las universidades públicas.
La toma de la Secretaría de Educación se inscribe en un ciclo de protestas universitarias que se intensificó durante 2025 y 2026 en respuesta a los recortes presupuestarios aplicados por la administración libertaria. Las universidades nacionales llevan meses reclamando actualizaciones de partidas que, según los rectores, no alcanzan para cubrir gastos básicos de funcionamiento.
Lo que cambia la lectura es el tono elegido por el Gobierno. En lugar de abrir una negociación o reconocer el conflicto presupuestario de fondo, la respuesta oficial fue criminalizar la protesta. Llamar «asalto» a una toma estudiantil y decir que los manifestantes «viven en una fantasía» es una estrategia de deslegitimación que cierra puertas antes de abrirlas.
El conflicto no tiene fecha de resolución confirmada. Lo que puede ocurrir ahora depende de si el movimiento estudiantil escala la protesta, si los rectores intervienen como mediadores o si el Gobierno decide negociar en privado lo que niega en público. Ninguna de esas opciones está descartada, pero la retórica oficial de las últimas horas no apunta hacia la desescalada.
Con la Secretaría tomada y el Gobierno respondiendo con acusaciones en lugar de propuestas, el conflicto universitario entra en una fase de mayor tensión. La apuesta oficial parece ser aguantar sin ceder, pero esa estrategia ya le generó costos políticos al Ejecutivo en ciclos anteriores de protestas similares.
