La decisión llega después de que la CGT rechazara la oferta empresarial por considerarla insuficiente y tardía.
El Gobierno nacional decidió intervenir por decreto para establecer un nuevo esquema de aumentos del Salario Mínimo Vital y Móvil, luego de que la negociación paritaria entre empresarios y sindicatos naufragara sin acuerdo. El piso salarial quedaría fijado en $437.000, pero recién a partir de abril de 2027, lo que implica que los trabajadores más vulnerables del mercado formal deberán esperar más de un año para llegar a esa cifra.
La ruptura de las negociaciones se produjo porque las cámaras empresarias habían ofrecido llevar el salario mínimo a $468.000, también en abril de 2027. La CGT rechazó esa propuesta de plano: consideró que el número era insuficiente y que el plazo resultaba inaceptable para trabajadores cuyo poder adquisitivo acumula un deterioro severo desde 2023. La central obrera exigía una suba más inmediata y de mayor magnitud.
El Salario Mínimo Vital y Móvil es el piso legal que perciben los trabajadores en relación de dependencia no alcanzados por convenios colectivos, además de ser la referencia para prestaciones sociales, asignaciones y planes de empleo. En contextos de alta inflación como el que atravesó Argentina durante 2024 y parte de 2025, su actualización tiene impacto directo en millones de personas en situación de mayor vulnerabilidad económica.
El dato que cambia la lectura es la brecha entre la oferta empresarial ($468.000) y lo que finalmente dispuso el Ejecutivo ($437.000): el decreto termina fijando un piso incluso más bajo que lo que los empresarios estaban dispuestos a pagar, y en el mismo plazo extendido. Eso significa que, en términos prácticos, el decreto no beneficia a los trabajadores respecto de la oferta patronal, sino que la recorta.
El escenario inmediato es que la CGT evalúe si impugna la medida o convoca a medidas de fuerza en respuesta. Es un hecho confirmado que la central rechazó la negociación; lo que resta definirse es si ese rechazo deriva en un paro o en una judicialización del decreto. El Gobierno, por su parte, podría argumentar que la intervención busca «ordenar» las expectativas salariales en línea con sus metas de reducción del gasto.
Con este decreto, el Ejecutivo cierra una negociación que no llegó a ningún acuerdo y lo hace fijando un número inferior al de la contraparte empresarial. Para los sectores sindicales, eso no es un árbitro neutral: es una señal política sobre a quién le asigna el Gobierno el peso del ajuste.
