
Desde la Casa Rosada prometen acuerdos con la mayoría de los ejecutivos provinciales, pero el clima de desconfianza electoral complica la negociación.
El Gobierno nacional impulsa con fuerza la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, las llamadas PASO, como parte de una reforma electoral que busca moldear el mapa de la próxima competencia política. La iniciativa avanza en la Rosada, pero choca con una resistencia creciente entre los gobernadores, que ven en ese esquema un riesgo para sus propios armados territoriales.
Según trascendidos desde el entorno presidencial, el oficialismo asegura que tiene garantizados acuerdos con la mayoría de los ejecutivos provinciales. Sin embargo, en paralelo circula entre mandatarios una frase que sintetiza el clima de sospecha: «Nos conviene que la discusión se extienda», una señal de que varios prefieren dilatar antes que comprometerse.
Las PASO fueron creadas en 2009 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y se implementaron por primera vez en 2011. Desde entonces generaron debate permanente: quienes las defienden argumentan que democratizan la selección de candidatos; quienes las atacan sostienen que son un costo innecesario para el Estado y un anticipo electoral que distorsiona la campaña.
El dato que cambia la lectura es que el ruido económico del momento actúa como telón de fondo que debilita la posición negociadora del Ejecutivo. Los gobernadores, que necesitan del apoyo nacional para sus provincias, tampoco quieren quedar expuestos en un año electoral sin herramientas propias para definir sus listas internas.
Si la iniciativa avanza en el Congreso, podría aprobarse antes de fin de año para aplicarse ya en las elecciones de 2027. Ese es el escenario que maneja el oficialismo como meta. Sin embargo, nada está cerrado: la falta de mayoría automática obliga a negociar voto a voto, y cada gobernador tiene su precio político.
La eliminación de las PASO no es solo una reforma técnica del sistema electoral: es una disputa por quién controla los tiempos y las reglas del juego político de cara al ciclo que viene. Que el Gobierno lo impulse con tanta energía antes de las legislativas de 2027 dice tanto como cualquier declaración oficial.













