El actual intendente de Resistencia enfrenta serias acusaciones de incumplimiento de deberes de funcionario público. La denuncia fue presentada en la Cámara Contenciosa Administrativa por abogados del exintendente del CER, Gustavo Martínez. Los abogados argumentan que los 432 empleados despedidos recientemente deben ser reintegrados a sus puestos, ya que los pases a planta fueron realizados «en el marco de la legalidad y la legitimidad».
La denuncia alega que las decisiones tomadas por la administración actual no solo contravienen las normativas vigentes, sino que también afectan a un gran número de empleados que habían obtenido sus puestos bajo procedimientos legales. Según la defensa del exintendente, la legalidad de estos pases a planta está respaldada por la normativa que regía en el momento de su implementación, y los despidos recientes serían una violación de estos derechos laborales.
El caso ha atraído la atención de la opinión pública y ha generado un debate sobre la gestión administrativa y los derechos laborales en la municipalidad. La Cámara Contenciosa Administrativa deberá ahora evaluar la validez de las acusaciones y decidir las acciones correspondientes.
