Un grupo de intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires protagonizó este miércoles una jornada de protesta frente a la sede del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello. Los jefes comunales de diversos sectores del Partido Justicialista (PJ) se movilizaron para exigir la reactivación de fondos destinados a programas alimentarios y comedores escolares, denunciando un recorte que, según sostienen, pone en riesgo la paz social en los distritos más vulnerables del conurbano y el interior bonaerense.
La movilización tuvo un momento de tensión cuando los intendentes intentaron entregar un petitorio formal detallando la crítica situación social en sus territorios. En respuesta, desde el Ministerio se colocó un cartel en la puerta con un mensaje directo contra la gestión del gobernador Axel Kicillof, lo que fue interpretado por los mandatarios municipales como una provocación institucional. Mientras la protesta se desarrollaba en la calle, la ministra Pettovello acompañaba al jefe de Gabinete en su exposición ante el Congreso, profundizando la brecha comunicacional entre Nación y los municipios.
Los jefes comunales argumentan que la inflación y el ajuste nacional han disparado la demanda de asistencia en los comedores barriales, mientras que los recursos girados por la Nación se han congelado o interrumpido. Según datos proporcionados por los equipos técnicos de los municipios participantes, la afluencia de personas a centros de asistencia alimentaria ha crecido un 40% en el último trimestre. «No estamos aquí por política partidaria, sino por una emergencia real que golpea la mesa de los bonaerenses», declaró uno de los intendentes presentes.
Analistas políticos sugieren que este conflicto es un capítulo más de la tensa relación entre la administración de Javier Milei y el peronismo bonaerense. El Gobierno nacional, por su parte, sostiene que la asistencia se está canalizando de manera directa a los beneficiarios para eliminar la intermediación política, una política que los intendentes cuestionan por considerar que desarticula la red de contención territorial necesaria para abordar la crisis. La falta de diálogo directo ha llevado la disputa al terreno de la movilización pública y la confrontación mediática.
Las implicancias de este reclamo son económicas y sociales. Para los municipios, tener que cubrir con recursos propios el bache dejado por la Nación implica desviar fondos de obras públicas y servicios básicos. Para el Ministerio de Capital Humano, la presión de los intendentes representa un desafío a su esquema de auditorías y reestructuración de la ayuda social. En este escenario, la Iglesia y diversas organizaciones sociales han expresado su preocupación por el deterioro de la situación nutricional en los sectores más postergados.
Hacia adelante, no se descarta que los intendentes lleven su reclamo a la justicia federal o que profundicen las medidas de fuerza si no obtienen una respuesta técnica a los puntos planteados en el documento. La movilización de hoy marca un endurecimiento de la postura del bloque peronista, que busca forzar una mesa de negociación presupuestaria. El impacto futuro de este conflicto dependerá de la capacidad de ambas partes para establecer canales de gestión que prioricen la asistencia alimentaria por encima de la disputa electoral.
